Proyecto antiblanqueo afectará a la ZLC

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) presentó su descontento con los artículos 17 y 37 del proyecto de ley 167 de blanqueo de capitales, actualmente en debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

En ambos artículos se excluye a la ZLC del resto de las zonas francas del territorio nacional, disminuyendo beneficios e igualdad a los empresarios.

Narciso Arellano, director ejecutivo de los usuarios de la ZLC, explicó que en la actualidad esta zona franca paga seis impuestos de los cuales están exentas el resto de las zonas francas en Panamá Pacífico, Zona Libre de Barú y otras.

Estos tributos son: impuesto sobre dividendos, impuesto al Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), impuesto de capital, patentes y/o licencias, impuesto de utilidades de capital y transferencia de acciones de empresas, impuesto de transferencia de bienes inmuebles e impuesto de importación de vehículos comerciales.

Adicionalmente, los usuarios de la ZLC deben pagar tasa de aseo y seguridad.

Otras tasas, que cubren a todas las zonas especiales, son cobradas con mayor porcentaje en ZLC: clave de operación, pago por movimiento de contenedores y pago por movimiento de documento comercial. Por ejemplo, Panamá Pacífico paga $2,500 anuales por la clave de operación y la ZLC, $5,000.

‘Estamos de acuerdo con cumplir con todos los requisitos solicitados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), pero exigimos las mismas oportunidades y condiciones para todas las zonas francas del país', sostuvo Arellano.

En los últimos ocho años, los pagos de impuestos se han incrementado en 538%, lo que representa aumentos en los gastos de operación de los usuarios de la ZLC.

‘Estamos atravesando momentos financieros muy difíciles, a consecuencia de la deuda que mantienen los empresarios venezolanos con la ZLC; necesitamos tener las mismas oportunidades para ver una recuperación', señaló, por su parte, Luis Germán Gómez, presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC.

Aunque los miembros de la Comisión que analiza el proyecto de ley no explicaron las razones que los motivaron a separar la ZLC del resto de las zonas francas, extraoficialmente se conoció que la solicitud fue hecha por el GAFI.

El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que haría los correctivos necesarios para lograr la igualdad de condiciones en todas las zonas francas de Panamá.

PROYECTO

El pasado 16 de abril, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, el proyecto de ley 167, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

El vicepresidente de esta comisión, Miguel Salas, manifestó que este proyecto es necesario porque permitirá que Panamá sea considerado un destino de inversión del primer mundo y cumplidor de todos los requisitos solicitados por el GAFI.

El proyecto tiene por objeto constituir el marco para que los diferentes organismos de supervisión, así como las entidades, personas naturales y jurídicas sujetas a esta supervisión, establezcan las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La ley otorgará las herramientas necesarias para fortalecer la responsabilidad, capacidad y efectividad de los organismos de supervisión y control, así como las obligaciones de suministro de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por parte de los sujetos financieros y no financieros obligados, y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.

Como parte de las medidas de prevención de estos flagelos, la iniciativa de ley presenta un sistema de sanciones estructurado.

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Narciso Arellano

‘ Estamos de acuerdo con cumplir con todos los requisitos, pero exigimos las mismas oportunidades y condiciones',

DIRECTOR EJECUTIVO DE LOS USUARIOS DE LA ZLC

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Organismo que emite recomendaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto, con el objeto de que la comunidad internacional adopte las medidas y lleve a cabo las acciones necesarias para contar con un marco legal, institucional y operativo adecuado.