Imputan por corrupción a Luis Oliva y Budy Attie; con medida cautelar de firma

Este jueves se realizó la audiencia para el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue imputado la noche de este jueves por los delitos de asociación ilícita para delinquir, junto con el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra de Reynardus.

Los tres procesados en una causa sobre presuntos manejos irregulares en torno a la gestión de los pagos del Vale Digital a través del software “Listo Wallet”, que utilizó la administración del expresidente Laurentino ‘Nito’ Cortizo, durante la pandemia de la covid -19.

Attie habría sido imputado también por los delitos de corrupción y peculado; mientras que la abogada Becerra igualmente enfrenta cargos por peculado.

El juez de la causa dijo que se habrían cumplió mínimamente los requerimientos para la imputación.

En la audiencia, que arrancó cerca de las 2PM de ayer, el juez de garantías declaró ilegales las aprehensiones del exdirector de la AlG, Luis Oliva, así como las de Becerra y Attie.

Por su parte, el empresario Ralph Attie, también señalado en el proceso, fue trasladado a un centro médico luego de enfrentar problemas de salud. Sobre el se conoció que le fueron suspendieron los términos, quedando pendiente la audiencia de garantías, imputaciones de cargos y medidas cautelares.

Entre los argumentos del Ministerio Público están que exdirector de la AIG, habría dado acceso a las bases de datos oficiales del programas del Vale Digital y de becas Pase-U; a una empresa, Finteck, sin que existiría un contrato formal con el Estado, pero si cobraron comisión de 0.5% de las transacciones de los afiliados durante la pandemia.

De acuerdo con el Ministerio Público, la causa gira en torno a la supuesta autorización que dio Oliva para que Fintek tuviera acceso a la base de datos de programas estatales como vales y becas, sin que existiera un contrato formal.

Según la investigación, aunque la compañía no le cobró al Estado directamente, habría generado ingresos al aplicar un 0.5% a las empresas involucradas y luego un 4.5% en operaciones de factoring a los proveedores que aceptaron el esquema.

El argumento de la Fiscalía señala que, aunque las empresas no estaban obligadas a participar, muchas accedieron debido a las deudas que mantenía el gobierno tras la pandemia.

En ese contexto, la empresa entró a manejar los pagos, mientras que antes del acuerdo era Cable & Wireless la compañía que tenía el contrato original, con pagos de $5.5 millones y unos $6 millones adicionales. Sin embargo, al no recibir desembolsos del gobierno, esta empresa se retiró.

Las medidas también habría sido impuesta a la abogada Janice Becerra de Reynardus y del empresario Buddy Attie.

La audiencia arrancó a las 2:00 PM con la comparecencia de los tres ante el Juez de Garantías, Luis Ceballos, luego de su aprehensión producto de la operación Espejo de Cristal, que realiza la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, como parte de una investigación contra la administración pública.

En esta misma instancia fuera declaradas ilegales las aprensiones de xxxxxx,...