Niños: maltratados, sin hogar, sin escuela y sin nombre

Karla (nombre ficticio) miraba cuando sus compañeros se iban del albergue. “Yo me quiero ir a España”, decía varias veces, mientras apretaba la reja de la Casa Hogar Divino Niño. Lo repetía como si eso bastara para que alguna familia la considerara como parte de ella. Veía salir a sus compañeros con una maleta y tomados de la mano de un adulto; se iban a España, adoptados, como era común en 2002. Ella tenía tres años cuando llegó al centro, después de que su padre quedara privado de libertad y el resto de la familia la maltratara.

Cifras de mayo de 2025 reflejan que en Panamá hay 1.071 niños, niñas y adolescentes (NNA) en albergues, desglosados de la siguiente manera: 434 en centros de temporalidad escolar, 64 en centros de nutrición, 573 con medidas de protección; de estos últimos, 371 pertenecen a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) —entidad que compartió las cifras con La Decana—, y 202 pertenecen al Juzgado de Niñez. En 2023 había 1.053 menores de edad en instituciones.

Así como Karla, muchos esperan detrás de los muros pintados de blanco de la Casa Hogar Divino Niño, que acoge a unos 26 infantes entre cero y cinco años. Están en un espacio limpio y ordenado, los educan, cuidan su salud y su alimentación; sin embargo no es un hogar familiar, no está mamá, papá, abuela ni tíos. Hay niños que llevan años esperando una llamada, una visita, una respuesta. La institucionalización, en muchos casos, se ha vuelto el destino de la niñez panameña.

Los niños ingresan a albergues principalmente por situaciones de vulneración de derechos: abandono, maltrato físico o emocional, negligencia o violencia intrafamiliar. También influyen causas estructurales como la pobreza extrema, falta de servicios básicos o la ausencia de redes de apoyo.

“La gran mayoría de los niños que están en albergues tiene familia. Esa idea generalizada de que son niños sin familia representa una minoría. En realidad, la gran mayoría —alrededor del 80%— tiene familia. Y esto no es exclusivo de Panamá; ocurre también a nivel mundial. Es decir, no estamos hablando necesariamente de una situación de orfandad masiva”, destacó Gina de la Guardia, oficial de Protección de la Niñez del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Panamá. “Lo ideal, lo óptimo, es que un niño o niña crezca en su entorno familiar, porque la familia no tiene reemplazo. Su mamá siempre será su mamá; su papá, su papá. Independientemente de las circunstancias, esa es su familia: sus abuelos, sus tíos, la comunidad en la que nació y creció. Esa red de vínculos te acompaña toda la vida y determina mucho de lo que eres cuando llegas a la adultez”.

El olvido de la niñez panameña no solo se refleja en las cifras de los albergues. En el país, 24.636 niños y niñas viven sin registro de nacimiento, sin el derecho a tener un nombre, una cédula. Así lo demuestran datos de Unicef que se desprenden del Censo de Población de Vivienda que se llevó a cabo en 2023. Además, de los 1,2 millones de niños y niñas de Panamá, 15% vive en hacinamiento, 10% sin electricidad, 23% sin gestión de agua segura, 35% sin recolección de basura, 17% sin saneamiento adecuado y 7% está fuera del sistema escolar. Esta exclusión en las zonas rurales se presenta 2,5 veces más que en áreas urbanas. De los 28.848 niños y niñas con discapacidad, al menos 3.000 no están estudiando. Lo que para muchos es un derecho básico, para otros es un lujo inaccesible que condiciona el resto de sus vidas.

Hay más: las cifras de niñas y adolescentes madres o en uniones tempranas. Pero eso lo hablaremos en una próxima entrega.

Entre los años 2020 y 2023 pasaron 29.276 menores de edad por el Órgano Judicial tras abandono, abuso y otras vulneraciones. Para Unicef, la familia es el primer entorno que debe garantizar los derechos de los infantes, pero si esta no pudiera garantizarlos, el Estado es el responsable de hacerlo.

Ante un caso de violación de derechos, el Órgano Judicial aplica medidas de protección inmediatas para menores en procesos legales con apoyo de la Policía, el Ministerio Público y la Senniaf. Además, la Unidad Técnica Interdisciplinaria de Niñez y Adolescencia evalúa y da seguimiento a los casos en coordinación con entidades como el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud.

La Senniaf, que recibe casos de este órgano del Estado desde 2022 y de otras instancias, da seguimiento a menores institucionalizados y busca opciones familiares de acogida a través del programa de Fortalecimiento Familiar. El proceso incluye una fase de investigación de seis meses y un año de monitoreo para garantizar entornos libres de vulneraciones.

“Los niños y adolescentes permanecen en estos centros durante el tiempo que dura el proceso legal o hasta que el juzgado determine si pueden ser reintegrados con un familiar. Si no pueden estar con sus parientes, el Estado le retira la patria potestad a la familia y los niños pueden ser adoptados”, declaró la directora de adopciones de la Senniaf, Sherene Pérez.

Antes de que un niño sea declarado adoptable, se busca colocarlo con una familia acogente —un paso intermedio que impide su institucionalización prolongada. “La familia acogente es para que el niño no vaya a una institución de protección”, añadió.

Cuando el padre de Karla fue liberado, la visitó. Según las cuidadoras del albergue, el hombre se sentaba junto a ella en el sillón de la oficina, le acariciaba el cabello con timidez, sin saber qué decir. “Él estaba con la mirada perdida, como si hubiera consumido alguna sustancia psicotrópica”, relataron. La niña cumplió la edad límite impuesta por el centro y debía salir a otro lugar o reencontrarse con la familia que nunca la había cuidado.

La Casa Hogar Divino Niño sólo acoge a niños hasta los cinco años; no tiene la capacidad para más edades porque no pueden ofrecerles la escolaridad. Cuando cumplen la edad límite son asignados a otro centro de protección hasta que se resuelve su situación o cumplen la mayoría de edad.

“Desde hace tiempo, Unicef trabaja con el Estado. Antes del escándalo de los albergues (denuncias de abusos sexuales y físicos dentro de albergues panameños en 2021) , ya se había conformado un comité para la desinstitucionalización, pero se trabajaba más a nivel de políticas públicas”, explicó De la Guardia. “Cuando vino todo el escándalo, el Ministerio de Desarrollo Social nos solicitó asistencia técnica para atender la situación”.

En respuesta, Unicef, junto con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, hizo un diagnóstico exhaustivo de todos los albergues y de los servicios de protección de la Senniaf. “Se revisó toda la información de los niños, especialmente de quienes habían sido separados de su familia, que eran la mayoría. Antes, la separación era como la ‘pastillita mágica’; por todo se separaba al niño y se metía en un albergue. Esa era la mentalidad”, manifestó la oficial de protección.

Ante esta realidad, se construyó, junto con el equipo técnico de la Senniaf, un expediente único que concentra todos los datos relevantes de cada niño y su familia. “El plan no es para que el niño se quede en el albergue, sino para que pueda ser reincorporado a su familia de origen, familia extensa, de acogida, adoptiva... cualquier tipo de familia, pero una familia”, aclaró.

Actualmente, la entidad cuenta con 49 centros de protección en el país para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, distribuidos en tres categorías: protección, temporada escolar y recuperación nutricional. De estos, 24 centros corresponden a la modalidad de protección, hay 19 centros destinados a la temporada escolar, y existen seis centros de recuperación nutricional. La Senniaf tiene un presupuesto de 8,1 millones de dólares.

“Si no sostenemos lo avanzado, podemos retroceder. Sería muy triste perder todo lo que hemos logrado”, advirtió la oficial de protección.

Para Unicef, uno de los mayores retos sigue siendo la prevención de la violencia desde la comunidad y la transformación de patrones culturales. “Necesitamos ser una sociedad más abierta y firme para dejar de ver a las niñas como objetos o cuidadoras. Igual pasa con el castigo corporal: muchas personas todavía justifican darle un ‘chanclazo’ a un niño”, declaró la oficial de Unicef.

De la Guardia insistió en que el trabajo preventivo implica fortalecer a las familias. “Ahora les decimos que no pueden tomar el camino fácil. Hay que entender sus problemas: pobreza, desempleo, falta de agua, transporte insuficiente... todo eso es violencia estructural que afecta la dinámica familiar”.

Nunca se supo nada de la mamá de Karla; el resto de la familia fue inhabilitada por orden del Órgano Judicial, les quitaron la patria potestad y la niña ahora sí podía ser adoptada. Una pareja hizo el trámite legal y se la llevó a vivir a España, ¡como ella quería! Pero ¿qué pasará con los otros 1.071 que están en instituciones? ¿Con los 24.636 que no tienen registro de nacimiento ni identidad? ¿Con quienes están fuera del sistema de educación o con las niñas que se convierten en madres?