Confirman imputaciones por choque tren que cobró la vida de 51 personas

Un tribunal argentino confirmó el viernes los procesamientos de varios ex funcionarios y empresarios por el accidente de un tren en Buenos Aires hace casi un año que causó la muerte de 51 personas.

La Cámara Federal de Buenos Aires ratificó las imputaciones contra Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte, y contra Sergio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).

Además revocó los sobreseimientos con los que un juez de primera instancia había beneficiado a Marco Antonio Córdoba, el maquinista de la formación accidentada, y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Antonio Eduardo Sícaro, y ordenó el procesamiento de ambos.

El tren accidentado iba colmado de pasajeros y chocó la mañana del 22 de febrero de 2012 contra el paragolpes de la estación Once de esta capital, en lo que constituyó una de las más graves tragedias ferroviarias en la historia de Argentina. En los últimos años TBA estuvo involucrada en varios accidentes.

Schiavi era secretario de Transporte cuando se produjo el accidente y renunció dos semanas después del hecho, mientras que Jaime condujo la política de transportes entre 2003 y 2009. Este último ex funcionario también está procesado por supuestamente haber recibido dádivas de empresarios del área de transporte.

El tribunal también confirmó los procesamientos de más de veinte personas, entre ellas ex funcionarios y miembros de TBA. La imputación es "estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Además consideró que la causa deber ser elevada a juicio oral y trabó un embargo sobre los bienes de todos los procesados "hasta cubrir la suma de seiscientos millones de pesos (unos 121 millones de dólares)".

La cámara sostuvo que el accidente era "evitable" y que la "negligencia en la conducción y el estado del tren siniestrado" convirtieron el hecho en una "tragedia de enorme magnitud".

Indicó que según las pericias el conductor dirigió al tren hacia "la cabecera a una velocidad superior a la permitida, con el dispositivo de seguridad denominado `hombre muerto' desactivado y, en el mejor escenario, con una aplicación tardía del freno". El maquinista había asegurado en sus declaraciones ante la justicia que el sistema de frenos de la formación no funcionaba.

El tribunal agregó que "el progresivo deterioro de los trenes y, con ello, el incremento de los riesgos, sólo resultó posible por la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por el correcto y normal desarrollo del servicio, pues ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios deberes ejerciendo un control meramente formal".

Sobre los Cirigliano indicó que "se encuentra suficientemente acreditado que no dieron cumplimiento al compromiso contractual oportunamente asumido".

El accidente generó una oleada de críticas contra TBA y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández por aparentemente haber ignorado las constantes advertencias de fallas en el sistema de seguridad de los ferrocarriles de esa y otras empresas concesionarias.

Tres meses después de la tragedia el gobierno le retiró a TBA la concesión del servicio de dos líneas de ferrocarriles, entre ellas la Sarmiento, protagonista del accidente.