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22 de Apr de 2021

Internacional

El Salvador: piden investigar crímenes de guerra

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y decenas de víctimas pidieron el miércoles a la Fiscalía General que indague sobre m...

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y decenas de víctimas pidieron el miércoles a la Fiscalía General que indague sobre más de 45 casos de masacres, asesinatos y desapariciones durante la guerra interna de la década de los años 80 que nunca fueron investigados y demandaron a la Corte Suprema de Justicia que derogue la ley de amnistía que protege a quienes cometieron estos crímenes.

"Las víctimas están presentando las denuncias para que la Fiscalía inicie la investigación, porque ya los parámetros internacionales dicen que no debe de aplicarse la ley de amnistía en estos hechos que son crímenes de lesa humanidad y además no se puede aplicar la prescripción", explicó a The Associated Press Mirna Carvajal, una de las abogados del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Por su parte dirigentes de asociaciones de defensores de los derechos humanos, demandaron a la Corte Suprema que anule y declare inconstitucional la ley de amnistía que mantiene en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

El abogado Félix Ulloa explicó que están pidiendo "la anulación de esta ley por las violaciones legales en que esta ley fue aprobada, sin que ni siquiera se siguieran los procesos de formación de ley que exige la constitución salvadoreña".

La Corte Interamericana dice en su sentencia que la Ley de Amnistía carece de validez porque es contraria a la convención interamericana. Ese tribunal condenó a El Salvador por la matanza en 1981 de un millar de campesinos en "La masacre de El Mozote" y estableció el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas.

Un informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas, responsabilizó de la masacre en 1993 al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que nunca fueron juzgados amparados por la amnistía.

Las peticiones de las víctimas ante la Fiscalía por los crímenes cometidos durante la guerra civil, fueron acompañadas por el ex juez español Baltasar Garzón y un grupo de juristas y defensores de los derechos humanos de diferentes países.

"Son testimonios en los que se reflejan desapariciones, muertes, asesinatos, torturas, todos estos hechos que estás personas sufrieron y en todos ellos hay un elemento común y es que aparatos del Estado, fuera de toda legalidad atentaron contra la vida, la libertad, la integridad de las personas y sus familias", manifestó Garzón.

Dijo que en la documentación presentada hay "personas identificadas como perpetradores, hay instituciones a las que se alude expresamente" y "debe de otorgar protección a quienes están proponiendo esa investigación".

Las víctimas y sus familiares, llegaron hasta una de las sedes de la Fiscalía, portando carteles en los que demandaban justicia y uno a uno fueron entrevistados para presentar sus casos.

"Soy un hombre viejo, que no tengo a nadie, me mataron mis cuatro hijos y nunca han hecho justicia, se olvidaron de ellos, los borraron", dijo a la AP José Cornelio Chicas, un campesino de 59 años originario de un cantón de Cacaopera, departamento de Morazán, en el oriente del país.

"Yo nunca los he podido olvidar", dijo Chicas al recordar a sus hijos José Matilde, de seis años; Rosa Delia, de cuatro; Mariano, de tres; y Pedro, de 22 días de nacido.

El hombre afirmó que a sus hijos los mataron soldados del Batallón de Contrainsurgencia Atlacatl, entrenado por los Estados Unidos al que responsabilizan del "Junquillo", en Cacaopera, Morazán, perpetrada el 14 de marzo de 1981.

"Yo lo que quiero es justicia y que el Estado me ayude para vivir", agregó.

En la zona de espera de la Fiscalía también estaba Vilma Vázquez, de 60 años, quien dijo a la AP fue capturada y torturada en dos ocasiones y responsabilizó del hecho a la extinta Guardia Nacional y la Policía de Hacienda.

"Yo era sindicalista, fui detenida y torturada por la Guardia Nacional en 1988 y en el 89 me capturó la Policía de Hacienda y también me torturaron sin importar que era mujer. Era un crimen ser sindicalista", agregó.

"A uno los capturaban por cualquier cosa, pero mi captura y tortura contradice los principios fundamentales de los Derechos Humanos y en este caso sobre los prisioneros y presos políticos", manifestó José Álvarez, de 59 años.

Muchos de los crímenes y violaciones de los derechos humanos durante la guerra, ni siquiera se les abrieron expedientes y otros fueron bloqueados amparándose en una ley de amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares sonados casos como el asesinato de seis sacerdotes jesuitas.

La ley de amnistía tampoco ha permitido la investigación y juzgamiento de los autores del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, cuya muerte fue uno de los detonantes de la guerra civil que asoló El Salvador por 12 años y que terminó con la firma de un acuerdo de paz en 1992. Más de 75.000 personas murieron en el conflicto y otras 12.000 están desaparecidas.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del asesinato de Romero fue el mayor Roberto D'Abuisson, fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país durante 20 años (1989-2009).

La amnistía también ha impedido que se investigue a los hechores intelectuales de los asesinatos de cinco sacerdotes españoles y un salvadoreño, y sus dos empleadas en 1989 por soldados durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los guerrilleros de la matanza.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía.