La Haya ordena a Nicaragua abandonar isla en conflicto con Costa Rica

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió que detener el dragado y retirarse de una isla en el extremo del río San Juan, objeto de una disputa de soberanía entre los dos países.

Este viernes se tomó la decisión luego de que Costa Rica había reclamado a la CIJ en septiembre que ordenara a Nicaragua suspender la construcción de dos caños (canales) artificiales en isla Portillos (Harbour Head para los nicaragüenses), un pequeño humedal en el extremo oriental de la frontera común.

En acuerdo con esos pedidos, la CIJ determinó que Nicaragua "deberá abstenerse de cualquier actividad de dragado u otra actividad en el territorio en litigio y, en particular, de cualquier trabajo en los dos nuevos caños", indicó el presidente del tribunal con sede en La Haya, Peter Tomka.

Además, "Nicaragua tendrá que garantizar la retirada del territorio en litigio de todos los agentes ya sean civiles, de policía o de seguridad e impedir la entrada de tales agentes en el territorio mencionado".

Managua también deberá proceder al retiro de "cualquier persona privada bajo su jurisdicción", agregó la sentencia de la corte.

La Corte de La Haya había dictado en marzo de 2011 medidas cautelares a los dos países, que debían mantenerse fuera del área e impedir el ingreso de civiles o militares, en espera de pronunciarse sobre la cuestión de fondo de la soberanía.

Pero según Costa Rica, Nicaragua alentaba la entrada de activistas que le son afines y envió maquinaria para abrir dos canales artificiales, causando graves daños ambientales.

El territorio de 3 km2 es un área declarada de interés mundial por la Convención Ramsar de protección de humedales.

Por otra parte, "Nicaragua tendrá un plazo de dos semanas para rellenar" las obras realizadas para construir los caños y deberá entregarle como máximo una semana después un informe con fotografías que demuestren su cumplimiento.

Por último, la Corte exige que ambas partes le informen "cada tres meses de la manera en que garantizan la puesta en marcha de las medidas cautelares", con lo que busca supervisar el acatamiento de todas esas disposiciones.

"Lo que se esperaba" "Lo que se esperaba" En Costa Rica, la presidenta Laura Chinchilla celebró la decisión de la CIJ y manifestó que con esto "se confirma la existencia de los trabajos ilegales por parte de Nicaragua, es decir, se confirma la verdad que quisimos demostrar a lo largo de todo el proceso".

"Nos sentimos sumamente satisfechos, no hay la menor duda de que el derecho le respondió a Costa Rica como Costa Rica esperaba, es decir, con justicia", dijo la mandataria en una rueda de prensa.

En Nicaragua, el exguerrillero Edén Pastora, responsable de la construcción de los dos caños, dijo que cerrará el dragado "cuando lo ordene el presidente (Daniel) Ortega", según declaraciones al canal 15 de televisión local.

"Son buenas noticias", expresó por su parte Jorge Urbina, embajador de Costa Rica en Holanda y coagente de su país en la audiencia, aunque señaló que "solo se trata de medidas cautelares, (pues) no era un juicio sobre el fondo".

Carlos Argüello Gómez, agente de Nicaragua, aseguró igualmente que lo decidido por la CIJ "era más o menos lo que se esperaba", dado que su país ya había admitido que hubo una "equivocación" por parte de quienes decidieron emprender trabajos en la zona.

"Hubo equivocación, un error lamentable por parte de los que trabajan cerca de esta zona, un error de 200 metros. La Corte tenía que decir algo, es normal, pero que quede claro: Nicaragua quiere respetar y respeta las órdenes de la Corte", indicó.

Argüello aseguró que las reparaciones solicitadas por el Tribunal no llevarán más que mediodía o un día de trabajo.

Las tensiones bilaterales estallaron en octubre de 2010, cuando Costa Rica, un país que abolió el ejército hace 64 años, acusó a Nicaragua de haber invadido la isla Portillos que ambos reivindican como propia.

Managua rechazó esas denuncias y posteriormente acusó a Costa Rica ante la CIJ por la construcción de una carretera paralela al río San Juan, argumentando severos daños ambientales.

La CIJ tramitó por separado la demanda costarricense de medidas cautelares y otra planteada por Nicaragua en diciembre de 2012, por supuestos daños ambientales causados por la construcción de esa carretera.

El San Juan es un río bajo soberanía nicaragüense, pero en el que los costarricenses pueden navegar en función de tratados bilaterales.