Ejército expulsa al presidente Zelaya

TEGUCIGALPA. En una reunión de urgencia convocada ayer horas después de la expulsión del país del presidente Manuel Zelaya, el Congreso de Honduras nombró a Roberto Micheletti, hasta ahora presidente de la cámara, presidente interino del país.

Micheletti suatituye a Zelaya, secuestrado y deportado a Costa Rica por los militares que se hicieron rápidamente con el control de Tegucigalpa, y quien es apoyado por la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza.

El pleno del Parlamento decidió por unanimidad en una sesión extraordinaria que Micheletti, miembro del Partido Liberal al igual que Zelaya, estará en el cargo hasta que termine el mandato que le correspondía a este, el 27 de enero de 2010.

Micheletti, quien prestó juramento ayer, fue elegido en virtud de una disposición constitucional que establece que, en ausencia absoluta del presidente y el vicepresidente (renunció en 2008), el jefe del Parlamento asume el cargo.

Para destituir a Zelaya, el Parlamento alegó que Zelaya incurrió en “reiteradas violaciones” de la Constitución, otras leyes y sentencias judiciales.

Los portavoces del Legislativo negaron que se trate de un golpe de Estado y se declararon convencidos de estar haciendo lo correcto, porque Zelaya siguió adelante con una consulta popular con vistas a una reforma constitucional, a pesar de que la Justicia, el Congreso y otros órganos del Estado la declararon ilegal.

Previamente, los congresistas habían aceptado una carta de renuncia firmada por Zelaya, pero que éste no reconoce como de su autoría.

De hecho, Zelaya dijo en San José que sigue siendo el presidente legítimo y que su intención es agotar su mandato.

“Soy el legítimo presidente de Honduras y solo el pueblo tiene el poder de quitarme de ahí, no un grupo de gorilas”, dijo.

El presidente Zelaya fue detenido por los militares entre las cinco y las seis de la mañana del domingo en su domicilio, creyendo que ya se había conjurado el peligro de golpe de Estado después del apoyo expreso que había recibido de EEUU, como dijo en entrevista al periódico El País , pocas horas antes de su detención.

La intervención militar, con la cobertura del Tribunal Supremo, impidió la consulta popular que desató el conflicto.

Reacciones dentro de Honduras han variado. Mientras que simpatizantes de Zelaya se manifestaron en Tegucigalpa, otros dieron la razón a los militares ante medios internacionales, diciendo que éstos actuaron en defensa del Estado de Derecho, obligando a cumplir las disposiciones legales a aquellos que públicamente actuaron en contra de la carta magna.