Activistas y periodistas en estado de alerta

MÉXICO. Gustavo de la Rosa, delegado en Ciudad Juárez de la autónoma Comisión Estatal de Derechos Humanos del norteño estado mexicano de Chihuahua, tuvo que refugiarse casi un mes en la vecina ciudad estadounidense de El Paso debido a amenazas de muerte en su contra vinculadas a su actividad.

El caso de De la Rosa es ilustrativo de la delicada situación que afrontan los activistas humanitarios en este país, según la información recogida por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en un informe presentado el martes.

En el reporte titulado “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”, la OACNUDH da cuenta que halló, entre enero de 2006 y agosto pasado, 128 casos de agresiones a activistas, 10 de ellas terminaron en asesinato, y recibió 54 denuncias de ataques en todo el país.

“Compromiso y riesgo, esa es la situación en la que trabajan los defensores (de DDHH)”, dijo el italiano Alberto Brunori, director de la OACNUDH.

Las amenazas representaron 27 por ciento de los expedientes, la persecución penal de los promotores otro 20 por ciento, el hostigamiento ascendió a 17 por ciento y la injusticia arbitraria, como robo de información y allanamiento a oficinas, a 10 por ciento, según el informe.

La ciudad de México, el estado de Chihuahua y los sureños Oaxaca, Guerrero y Chiapas fueron los escenarios donde se registró el mayor número de incidentes.

En 52 por ciento de los hechos se desconoce la identidad de los perpetradores, en tanto que los encargados de la procuración y administración de justicia local fueron responsabilizados por 17 por ciento de los actos.

Del total de casos registrados, 36 fueron en contra de mujeres y, en el lapso citado, 10 personas fueron asesinadas y otras tres secuestradas debido a su trabajo de defensoría.

Ante ese panorama, la respuesta del Estado mexicano, según Brunori, ha sido desigual, especialmente en el ámbito local.

“Sigue siendo indispensable que el Estado adopte el tema de los defensores como una de sus prioridades y que se fortalezca una política de estado integral sobre el tema”, expresó Brunori, cuya oficina se estableció en México en 2000.

Para Noemí Ramírez, directora ejecutiva de la no gubernamental Academia Mexicana de Derechos Humanos, “el gobierno ha denostado el trabajo de defensores. En esta administración, hay un retroceso grave”.

Además, el ejército mexicano es señalado por organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante sus operativos antinarcóticos.

“La lucha contra el ‘narco’ ha agravado la situación de los derechos humanos, son constantes los reportes de violaciones a esos derechos en las zonas donde están asentados los militares. La sociedad queda en un estado de vulnerabilidad ante el ejército", señaló Ramírez.

"Existe un riesgo de que las agresiones contra los defensores se incrementen", reconoció Brunori.