Origen y camino de la corrupción

RÍO DE JANEIRO. La reciente ola de escándalos en Brasil, provocados por el desvío de fondos públicos en diversos ministerios del gobierno brasileño adquirió esta semana un componente novedoso: la tentativa de estafa contra el Poder Judicial.

El pastor evangélico Vladimir da Silva Furtado, preso durante una operación de la Policía Federal realizada hace dos semanas por negocios fraudulentos en el Ministerio de Turismo, fue puesto en libertad bajo fianza por el juez federal Mauro Henrique Vieira.

El pastor pagó la fianza con un cheque por 68.125 dólares, pero luego de depositarlo el juez fue sorprendido con la información de que el cheque no tenía fondos suficientes.

Llamado nuevamente al Primer Juzgado Federal de Macapá, la capital del estado amazónico de Amapá, Da Silva Furtado fue severamente amonestado por el magistrado, aunque se le dio un plazo hasta el último viernes para reunir la suma debida.

El pastor usó su programa de radio para pedir ayuda a sus fieles, a quienes solicitó contribuciones de entre 100 y 1.000 reales (62,5 y 625 dólares), que él a decir suyo él les devolvería luego, pero no consiguió reunir más que unos 10.000 dólares y por lo tanto deberá volver a la prisión.

OPERACIÓN

Furtado es dueño de una Organización no Gubernamental (ONG) que había recibido del Ministerio de Turismo 1,68 millones de dólares para realizar estudios sobre cómo incrementar el turismo en el estado de Amapá y capacitar a guías turísticos.

El pastor no es un desconocido de las autoridades policiales. En 2007 había sido destituido de la alcaldía de la ciudad de Ferreira Gomes, también en Amapá, acusado de desviar dinero del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación.

En cuatro procesos distintos, Furtado fue condenado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) a devolver a la alcaldía un total de 76.800 dólares desviados y fue multado en 11.870 dólares por las irregularidades cometidas durante su gestión.

COOPERATIVA

Fuera de la alcaldía, el pastor creó la Cooperativa de Negocios y Consultorías en Turismo (Conectur), por medio de la cual obtuvo dos contratos con el Ministerio de Turismo que totalizaron los 1,68 millones de dólares ya mencionados.

En uno de los contratos, Conectur actuaba como prestadora de servicios para el Instituto Brasileño de Desarrollo Sostenible de Infraestructura (Ibrasi), otra ONG encargada de realizar estudios sobre turismo en Amapá.

Se trata de una institución tan ‘seria’ que, en cumplimiento de uno de sus contratos con el ministerio, presentó un estudio sobre el estado de Paraná (en el otro extremo del mapa brasileño), como si se tratase de Amapá, mismo que también fue religiosamente pagado.