23 de Feb de 2020

América

Reabren caso en Perú de esterilización a mujeres

PERÚ. La Fiscalía de Perú reabrió una investigación sobre esterilizaciones forzadas realizadas a mujeres hace más de una década durante ...

PERÚ. La Fiscalía de Perú reabrió una investigación sobre esterilizaciones forzadas realizadas a mujeres hace más de una década durante el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori, informó ayer, jueves, el Ministerio Público.

La decisión fue adoptada por el fiscal de la Nación, José Peláez, y comunicada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ventila denuncias de esterilizaciones.

Uno de esos casos es el que presentaron familiares de María Mamérita Mestanza, quien en 1998 murió luego de ser sometida a esterilización sin su consentimiento en el marco de un programa que se denominó ‘Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)’, aplicado en el gobierno de Fujimori.

El Ministerio Público realizará las investigaciones partiendo de la base de que el presunto delito cometido es de lesa humanidad y no un delito común.

Unas 300 mil mujeres de regiones andinas y amazónicas fueron sometidas a operaciones.

Equipos médicos que recorrían regiones de extrema pobreza practicaban las operaciones con engaños, coacción, amenazas y también a cambio de entrega de víveres o alimentos, señalan los grupos humanitarios.

Las denuncias fueron archivadas en 2009, durante el gobierno de Alan García, por falta de voluntad de buscar pruebas y sin un análisis minucioso de lo que fue la política de salud del gobierno fujimorista, afirmó Jeanette Llaja, directora de DEMUS, entidad que presentó el caso ante la CIDH.

‘Estos hechos fueron una práctica sistemática y generalizada que violentó los derechos de las mujeres, especialmente las más pobres del Perú’, anotó Llaja.

La investigación comprenderá a tres exministros de Salud en los años 1990, entre ellos el médico y actual congresista Alejandro Aguinaga, doctor de cabecera del encarcelado ex presidente Fujimori, quien cumple una sentencia de 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

La investigación ha sido encargada a la Fiscalía Supraprovincial Penal, que podrá realizar sus indagaciones en todo el país donde se efectuaron las intervenciones quirúrgicas.