La educación en México y Brasil exige

Aunque la noticia no generó grandes titulares en el resto del mundo, México y Brasil acaban de aprobar históricas reformas educativas que —si se implementan tal como está planeado — podrían ayudar a que los dos países más grandes de Latinoamérica ingresen en el Primer Mundo en las próximas décadas. Es cierto que las nuevas leyes firmadas por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y la presidenta brasileña Dilma Rousseff podrían diluirse a nivel estatal, donde deberán ser implementadas. Pero representan el paso más importante en más de cinco décadas para mejorar los pésimos estándares educativos de la región. Peña Nieto firmó el 10 de septiembre un paquete de leyes educativas que introduce evaluaciones obligatorias a los maestros, y reduce significativamente el poder del hasta ahora todopoderoso sindicato docente del país.

Hasta ahora, según una ley de 1963, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, o SNTE, elegía el 50 por ciento de los docentes del país, mientras el 50 por ciento restante era designado por el Estado. Esto generaba un sistema corrupto en el que decenas de miles de maestros recibían un sueldo sin ir a clase, y los maestros que se retiraban podían vender sus empleos vitalicios, o se los dejaban como herencia a sus hijos, sin ningún filtro. La nueva ley, que está provocando violentas protestas por parte de un sindicato radical disidente, establece que tanto los nuevos maestros como los que están en funciones deberán someterse a un examen nacional de evaluación. Los candidatos a maestros tendrán dos oportunidades de aprobarlo para ser contratados, y los maestros en ejercicio tendrán hasta tres oportunidades de aprobarlo para poder seguir enseñando o ser ascendidos.

La reforma educativa de México fue aprobada por el Congreso tras un creciente descontento público por el hecho de que México permanentemente ocupa los últimos puestos en los exámenes internacionales de estudiantes, como el test PISA, de la Organización Económica Para la Cooperación y Desarrollo. En Brasil, Rousseff firmó el 9 de septiembre una ley que destina el 75 por ciento de los ingresos petroleros a la educación, y el 25 por ciento restante a la salud. El Congreso brasileño había aprobado la reforma en medio de manifestaciones callejeras de millones de personas que exigían un mejor sistema educativo, en las que algunos manifestantes sostenían pancartas que decían ‘Menos fútbol, más educación’.

Se estima que, como resultado de los grandes descubrimientos petroleros anunciados recientemente, la nueva ley inyectará más de $30,000 millones en el sistema de educación pública de Brasil en los próximos 10 años.

Desafortunadamente, otros países latinoamericanos, tales como Venezuela y Argentina, no han invertido los ingresos de su bonanza económica de la última década en mejorar la calidad de sus sistemas educativos. En Venezuela, la escuela pública ha decaído tanto que - ironías de la ‘revolución Bolivariana’ - hay un auge de la escuela privada. Mientras el número de jóvenes que van a escuelas públicas cayó de 2.9 millones a 2.8 millones en la última década, la población de las escuelas privadas aumentó de 486,000 a 613,000, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.

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