José Ugaz, el penalista valiente

En un sentido muy figurado y en aras de la contundencia que requiere esta comparación, se podría decir que José Ugaz (Lima, 1959) aceptó una encomienda del mismo ‘diablo’ y terminó metiéndole en la cárcel tras levantarle cargos y probado sus delitos... En 2000, fue nombrado por el presidente Alberto Fujimori Procurador Especial de la Nación para investigar los delitos del exasesor del Servicio de Inteligencia Vladimiro Montesinos. Cuando aceptó el cargo, el abogado —formado en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa— exigió garantías de total independencia, hasta el punto de que las pruebas que encontró contra Montesinos (cuentas bancarias millonarias en Suiza, entre otras), terminaron incriminando al presidente. La investigación de Ugaz, de la que dio cuenta en una rueda de prensa que convocó sin el conocimiento previo del gobierno, estableció que hasta 532 personas estaban involucradas en la trama de Montesinos, de las cuales 321 aún estaban siendo investigadas y 211 ya tenían proceso judicial abierto. Al final de su gestión, que dejó voluntariamente, se habían abierto 200 casos judiciales contra más de 1,500 miembros del gobierno Fujimori.

Tanto el expresidente como su exasesor enfrentaron juicio y cumplen condena en una cárcel militar peruana.

‘Transparencia Internacional no podía haber elegido mejor presidente que José Ugaz. Ese un penalista valiente como pocos, que se ha enfrentado a una de las mafias más poderosas en América Latina. Él fue quien, como procurador ad hoc para el caso Montesinos y Fujimori, lideró a un equipo que logró mandar a la cárcel a generales del Ejercito, Fiscal de la Nación, jueces supremos, empresarios y, claro, al propio Montesinos, primero y luego a Alberto Fujimori. Un hecho inédito en el Perú, donde hasta ese entonces, la impunidad era la regla’, recuerda Laura Puertas, que vivió ese episodio de la historia peruana y hoy es directora adjunta de noticias en Telemetro .

El propio Mario Vargas Llosa, señala Puertas, reconoció recientemente en una carta personal ‘la gesta admirable’ de Ugaz.

Según la periodista peruana, ‘Ugaz se ha comprometido ahora con que los corruptos le teman a Transparency International, y lo va a lograr. Su lucha será contra la impunidad’.

Por su parte, en declaraciones a La Estrella de Panamá , Ugaz adelantó que, bajo su gestión de tres años, TI ‘ intensificará sus esfuerzos por una lucha más frontal y eficiente contra la corrupción, no solo en America Latina, sino en el mundo’.

‘En la región tenemos capítulos en Panama, Dominicana, Nicaragua, Honduras, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, México, El Salvador, Jamaica y Trinidad, donde la corrupción se combate en un contexto que muchas veces es estructural y se ha complicado por el impacto del crimen organizado’, apuntó.

‘Nuestro reto fundamental es acabar con la impunidad, movilizando a la gente para exigir sanciones legales adecuadas y si estas no se producen por la debilidad de nuestros sistemas de justicia, lograr sanciones sociales que aíslen e identifiquen a los corruptos’, recomendó Ugaz.

El abogado sostiene que ‘la corrupción puede ser enfrentada y reducida significativamente. Para ello hay que trabajar también en el ámbito preventivo. Buena parte de la pobreza en nuestra región desaparecería si los recursos de los Estados no se fueran a los bolsillos de unos cuantos’.

Ugaz compitió por la presidencia de TI con el francés Pascal Lamy, expresidente de la Organización Mundial de Comercio y sustituye en el cargo a la canadiense Huguette Labelle, tras dos reelecciones consecutivas.

La denuncia como principio

Para Transparencia Internacional, la definición es sencilla, ‘corrupción es el abuso del poder delegado para el enriquecimiento privado y daña a todos aquellos cuya vida, ingresos o felicidad depende de la integridad de quienes detentan autoridad’. Esa sensibilidad la convirtió en norma ‘la coalición global contra la corrupción’, como se autodenomina TI, con presencia en 96 países.

Su misión declarada es detener la corrupción y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad. La estrategia también es aparentemente fácil: la denuncia como principio, salvo que la complicidad, según ellos mismos denuncian, se convierte en el peor enemigo de las metas que persiguen.

Sus campañas de concienciación, capacitación e información abogan por la solidaridad, el coraje, la justicia y la democracia como los valores que requiere un mundo más libre; consignas en las que creen los muchos donantes que la apoyan.

Este año, TI ejecuta un presupuesto de 13 millones de euros solo en Berlín, donde se localiza su sede, que se invierten en salarios, viajes, campañas, entrenamientos, asesorías y apoyo a proyectos especiales. La cifra aumenta a casi 70 millones si se incluyen gastos de los capítulos nacionales, con los que el movimiento involucra a unas tres mil personas.

En Panamá, el capítulo de Transparencia Internacional, que encabeza la abogada Angélica Maytin, es parte de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, ‘una organización no gubernamental, sin fines de lucro’ que define su estructura como ‘pequeña’, pero ‘con gran alcance e impacto en la creación de políticas de Estado y leyes, además de un manejo profuso de opinión pública a través de los medios de comunicación social’.

Entre sus fuentes de ingresos señala las donaciones de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, como Profundación, S.A. que realiza sus donaciones a través de Corporación La Prensa, S.A.; The Open Society Institute y Campaña Ciudadana por la Bahía de Panamá, entre otras. ‘Actuamos como contrapeso de los partidos políticos institucionalizados, que detentan el poder a través del Estado’, señala la Fundación en su página web. http://www.libertadciudadana.org/quienes.html