Supremo asume funciones legislativas bajo protesta opositora

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió este jueves que asumirá las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia del ‘desacato', un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el incumplimiento de varias sentencias.

Esta decisión surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas ‘requerirá la aprobación previa' de la AN, ‘a cuyo efecto el Ejecutivo (...) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República'.

La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.

Sin embargo, el Supremo resolvió ayer que ‘no existe impedimento alguno' para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional ‘de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones', según reportó la agencia EFE .

Entre las consideraciones para decidir el Supremo recordó que la AN, que se instaló en enero de 2016 con una inédita mayoría opositora, incorporó a tres de los cuatro diputados del estado Amazonas, cuya investidura ha sido impugnada y que por este caso todavía no hay una decisión. La Alta Corte ha dicho que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de validez.

REACCIÓN OPOSITORA

Por su parte la oposición realizó acudieron ayer al TSJ para rechazar la sentencia del Supremo.

‘Estamos aquí para defender la voluntad de un pueblo, vamos a seguir luchando por Venezuela y por los jóvenes (...) nosotros vamos a seguir en la calle', dijo el diputado Juan Requesens, del partido Primero Justicia, agregando además que la mayoría opositora en la AN no acatará la sentencia.

Otras fuerzas políticas, como Voluntad Popular, que dirige el opositor preso Leopoldo López, pidió al pueblo de Venezuela retomar las movilizaciones de calle como ‘única forma' de ‘imponer la voluntad del pueblo' ante lo que describen como un ‘golpe de Estado'.

VP sostuvo que solo con ‘presión popular' y resistencia democrática ‘sostenida e incrementada', se obligará a la ‘dictadura' de Maduro a facilitar ‘una transición democrática'.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó que mañana ofrecerá una rueda de prensa para ‘evaluar la emergencia generada por el zarpazo del Tribunal Supremo de Justicia'.

El jefe de Estado no se ha pronunciado sobre el tema aunque la canciller, Delcy Rodríguez, sí salió al paso a la decisión de Perú de retirar a su embajador en Venezuela, lo que no implica una ruptura de relaciones.

Rodríguez rechazó un ‘comunicado injerencista' de Perú y denunció que Venezuela sufre los ataques de la ‘derecha regional' que busca afectar al gobierno.

Además de Perú, otros países del continente como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, México, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos han manifestado en contra de la sentencia del Supremo venezolano.

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DECLARACIÓN

Cancillería panameña

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá manifestó su 'profunda preocupación ante la medida adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela'. Continúa diciendo que dicha decisión ‘agrava la situación política, económica, social y humanitaria' que vive el país.

En el documento, el Gobierno panameño ‘hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia,' pidiendo ‘garantías' para la celebración de elecciones democráticas.

Finaliza reiterando la ‘importancia de que se retome y fortalezca el diálogo para llegar a entendimientos entre el Gobierno y la oposición' en el país.