Sector privado pide instalación inmediata de diálogo en Nicaragua

El sector privado nicaragüense pidió hoy instalar "de inmediato" la mesa de diálogo nacional para superar la crisis desatada tras varias protestas civiles que ya han dejado al menos 45 muertos.

También propuso cuatro puntos de agenda para ese foro, entre ellos abrir una investigación independiente y creíble sobre "los crímenes ocurridos durante las protestas de abril", una reforma al sistema electoral que incluya la elección de nuevos magistrados, y cambios en el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

"Expresamos nuestra confianza y total respaldo a la Conferencia Episcopal en su papel de mediador y testigo en el diálogo nacional, el cual se debe instalar de inmediato en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima", en Managua, indicó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en un comunicado.

Entre los puntos de agenda propuestos están el "abrir una investigación independiente y creíble, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, que investigue y ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril", igualmente que se respete la integridad de los que se han manifestado y de sus familias.

Como segundo punto piden reformas al sistema electoral que incluyan la implementación a lo inmediato de las recomendaciones de los informes de la OEA en materia electoral y de partidos políticos.

Además, la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la observación electoral independiente, nacional e internacional, para garantizar elecciones libres y transparente, respetando la voluntad de los nicaragüenses.

Otro punto es aplicar reformas institucionales que garanticen el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado "y la eliminación de la corrupción".

Asimismo, pide resolver la problemática de sostenibilidad y transparencia del INSS, que presenta déficit desde hace cinco años, incluyendo cambios de sus autoridades.

También piden propuestas de reformas que den viabilidad financiera a la seguridad social e inicio "a lo inmediato" de una auditoría a esa institución.

Los representantes del sector privado en las negociaciones serán el presidente del Cosep, José Adán Aguerri; la titular de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), María Nelly Rivas; el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro; el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy; y el empresario Álvaro Vargas.

La Conferencia Episcopal, mediadora y testigo de ese diálogo que aún no inicia, indicó este jueves en un comunicado que "el objetivo de este diálogo nacional debe de ser revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia".

Por su lado, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, mostró hoy la "absoluta disposición" del Gobierno a acudir a la mesa de diálogo "sin limitaciones" y "con el corazón abierto" para superar la crisis.

La dignataria, quien calificó este momento como "una nueva etapa de reconciliación", anunció que el Ejecutivo "conversará todos los problemas sin ninguna limitación y todo los temas que necesitemos conversar para encontrar soluciones en la mesa de diálogo" con el objetivo de "facilitar ese camino al diálogo, la paz y la no violencia".

Nicaragua atraviesa una crisis que hoy cumple dieciséis días, debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que iniciaron por reclamos a unas medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión, debido a las múltiples muertes causadas por la represión.

Desde que comenzaron las protestas hace más de dos semanas, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron al menos 45 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 los fallecidos.