Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...
- 04/02/2026 18:35
Janine Prado advirtió que el presupuesto de la Asamblea pasó de $95.7 millones a $160.5 millones sin que existan registros de traslados aprobados por los mecanismos establecidos en la ley
Un aumento de más de 64 millones de dólares en el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional para 2025 fue puesto en cuestionamiento en el pleno legislativo por la diputada Janine Prado, quien pidió explicaciones sobre el mecanismo legal utilizado para ampliar los recursos asignados al Órgano Legislativo.
Durante el período de incidencias, Prado recordó que originalmente la Asamblea Nacional contaba con un presupuesto aprobado de 95.7 millones de dólares para el año 2025. Sin embargo, señaló que ese monto fue modificado al cierre del año.
De acuerdo con lo expuesto por la diputada, el 31 de diciembre de 2025 el presupuesto de la Asamblea fue ajustado hasta alcanzar 160.5 millones de dólares, cifra que corresponde únicamente a gastos de funcionamiento. Esto representa un incremento de 64.8 millones de dólares, destinados a rubros como planillas, viáticos y suministros.
Prado subrayó que la información sobre el nuevo monto fue confirmada por el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, en un discurso pronunciado el 2 de enero de 2026, en el que hizo referencia al presupuesto modificado de la institución.
La diputada aclaró que, si bien el aumento por sí solo requiere explicaciones, su preocupación principal no se centra únicamente en el monto, sino en el procedimiento utilizado para concretar esos traslados presupuestarios.
Dudas sobre el mecanismo legal
Prado explicó que, según la normativa vigente, una institución solo puede recibir recursos adicionales a los aprobados en su presupuesto a través de traslados de partida, los cuales pueden darse por dos vías específicas.
La primera es mediante la aprobación directa en la Comisión de Presupuesto, de la cual ella forma parte. En ese sentido, indicó que no ha visto ni participado en la aprobación de ningún traslado de partida que incremente el presupuesto de la Asamblea Nacional en esa comisión.
La segunda vía corresponde a los traslados por silencio administrativo, que se producen cuando una solicitud de traslado no es tramitada en un plazo de 30 días y, por lo tanto, queda aprobada de manera automática.
Sin embargo, la diputada señaló que, al solicitar información formal y recibir las respuestas correspondientes, encontró un elemento que considera llamativo: en el desglose de los traslados presupuestarios se detallan los aprobados, rechazados, suspendidos y también aquellos aprobados por silencio administrativo, pero no aparece ningún traslado aprobado para la Asamblea Nacional bajo ese mecanismo.
Preguntas sin respuesta
Ante ese escenario, Prado planteó una serie de interrogantes sobre el origen del aumento presupuestario. Según expuso, si no hubo aprobación en la Comisión de Presupuesto ni traslados avalados por silencio administrativo, resulta necesario aclarar cómo se realizaron esos movimientos, bajo qué figura legal y quiénes participaron o autorizaron las decisiones.
La diputada insistió en que las preguntas son legítimas y necesarias, dado que se trata de fondos públicos y de una variación significativa respecto al presupuesto inicialmente aprobado.
Durante su intervención, Prado aclaró que su planteamiento no debe interpretarse como un ataque político, sino como un llamado a la responsabilidad institucional. En ese contexto, enfatizó que cuando los procedimientos no están claros y los números no coinciden con los registros disponibles, la transparencia queda en entredicho.
Llamado a la coherencia institucional
Prado también sostuvo que la Asamblea Nacional debe dar el ejemplo en materia de orden y rendición de cuentas, especialmente cuando ejerce funciones de control político sobre otras instituciones del Estado.
Indicó que resulta indispensable que el propio Órgano Legislativo tenga claridad sobre sus procesos internos antes de exigir explicaciones o fiscalizar el uso de recursos públicos en otras entidades.
La diputada cerró su intervención reiterando la necesidad de esclarecer el manejo del presupuesto de funcionamiento de la Asamblea y de garantizar que cualquier modificación presupuestaria se realice conforme a los procedimientos legales establecidos.
El señalamiento abre un nuevo capítulo en el debate sobre el manejo financiero del Órgano Legislativo y pone el foco en los mecanismos internos de control presupuestario, en un contexto en el que la transparencia y el uso de los recursos públicos siguen siendo temas de escrutinio ciudadano.
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