Posponen debate para transparentar a los beneficiarios reales de contratos estatales

Para la próxima semana quedó pospuesto el primer debate del proyecto de ley 479 que hace de acceso público la lista de personas que contratan con el Estado y modifica la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas, propuesto por la diputada de Vamos, Janine Prado.

El debate que se daría en la Comisión de Economía y Finanzas del Legislativo estuvo contemplada como punto 6 en el orden del día. A la reunión asistió la Fundación Para el Desarrollo De la Libertad Ciudadana, organización que presentó aportes al proyecto abogando por su aprobación en aras de que exista coherencia legislativa entre la transparencia en el uso de fondos y las contrataciones públicas.

El proyecto de ley, prohijado el 15 de octubre pasado, surgió posterior a la publicación de La Estrella de Panamá que reveló que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) restringió esta información requerida respecto a los proponentes del Hospital de Mascotas, una obra de $14 millones.

La petición ante la DGCP se sustentó en la Ley de Contrataciones Públicas, o Ley 22 de 2006 que establece que en compras públicas de $500 mil en adelante las empresas presentarán ante la entidad una declaración jurada que certifique el nombre de cada persona natural beneficiaria final, de por lo menos, el 10% del capital accionario emitido y en circulación. Ante la negativa de la DGCP se presentó un ‘habeas data’ y la Corte Suprema de Justicia no lo admitió por considerar que es “información comercial”.

La propuesta legislativa modifica las obligaciones del contratista y cita que “toda persona jurídica que sea contratista del Estado deberá enviar, desde el momento en que sea seleccionado, la lista íntegra de todas las personas naturales que sean los beneficiarios finales, la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para que esta la publique en su página web”.

Y es que precisamente, el reporte periodístico reveló que anteriormente dicha información aparecía en el portal panamacompra.gob.pa, a lo que la DGCP en esta administración indicó que se trataba de “un error” a la postre que admitió que no la verifican para evitar posibles conflictos de intereses.

La iniciativa legislativa añade que esta información tiene que ser “de acceso público”, que de igual forma los contratistas deberán informar oportunamente cualquier cambio en los beneficiarios finales de la persona jurídica contratista, y que toda sociedad anónima que contrate con el Estado deberá tener acciones nominativas.

El proyecto establece que ninguna entidad del Estado desembolsará fondos públicos al contratista que incumpla con lo indicado y que en el caso de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, fideicomisos, fundaciones de interés privado y organizaciones sin fines de lucro, cuyos beneficiarios finales no puedan ser identificados mediante la participación accionaria, deberán tener una declaración jurada notariada en la que se detalle el beneficiario o los beneficiarios finales.

Para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la propuesta legislativa no crea un principio nuevo, sino que hace operativa la transparencia proactiva en un punto crítico del gasto público: la identidad de quienes se benefician realmente de los contratos estatales.

Destaca la fundación, que representa al capítulo panameño de la organización Transparencia Internacional, que la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige que los países cuenten con información precisa y actualizada sobre beneficiarios finales de personas jurídicas y que la opacidad facilita el blanqueo de capitales, la corrupción y el uso de empresas como estructuras de ocultamiento.

“Corresponde a la Asamblea Nacional precisar que la identidad de los beneficiarios finales de empresas que reciben fondos públicos no constituye un secreto comercial en el sentido internacional, sino información de interés público directamente vinculada al uso de recursos del Estado” y que no es un secreto comercial, sino información de interés público”, acotó la fundación en una carta firmada por su directora ejecutiva, Olga de Obaldía.