Publicación de beneficiarios finales de empresas licitantes en manos de la Corte

La restricción de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que impide conocer quienes son las personas reales detrás de una sociedad que licita con el Estado podría revertirse y la decisión está en manos del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El 17 de septiembre se presentó la acción de habeas data ante el máximo tribunal y la demanda reposa en el despacho de la magistrada Maribel Cornejo, detalla el Órgano Judicial.

Esto surge luego de que la DGCP negara información de los beneficiarios finales de las sociedades licitantes del Hospital de Mascotas, por $14 millones, restricción que aplica a todas las licitaciones.

La negativa surgió tras la petición de esta información a la DGCP basada en la Ley de Transparencia toda vez que al momento del requerimiento no había sido declarada restringida.

Además, se sustentó en la Ley de Contrataciones Públicas que indica que las personas jurídicas o empresas que participen licitaciones mayores de medio millón presentarán ante la DGCP una declaración jurada en la que se debe certificar el nombre de cada persona natural beneficiaria final de por lo menos el 10% del capital accionario emitido y en circulación.

La dirección alegó que “los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial, obtenidos por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas” se considera restringida, en un comunicado sin carácter legal.

Precisamente, la acción presentada por el abogado Publio Ricardo Cortés Carvajal alega que la DGCP no regula actividades económicas.

Añade que la meta de fondo de la petición a la CSJ es una sola: cómo se trata de contrataciones con fondos públicos, todos los ciudadanos tienen derecho a saber como se gastan estos dineros “sin oscurantismos” y conocer los verdaderos dueños de una sociedad que va a recibir pagos de fondos públicos.

Resalta que los esfuerzos de Panamá por las presiones del Grupo de Acción Financiera en pro de la transparencia internacional contrasta con la oscuridad en las contrataciones públicas locales.

Esta información estaba accesible al público en el portal de Panamá Compra y quedó evidenciado ante la Asamblea Nacional que la entidad no cruza esta información de los beneficiarios finales ni accionistas nominativos para efectuar algún tipo de control de interés, ni tiene mecanismos de validación, por lo que es “necesario que se haga pública porque solo la veeduría ciudadana sobre los verdaderos beneficiarios de los fondos en las contrataciones públicas” impactarían en la lucha preventiva contra la corrupción.

Cornejo deberá presentar un proyecto de sentencia a consideración del pleno de la CSJ.

Lea la demanda aquí: