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- 28/12/2025 00:00
Descuentos no aplicados y falta de información lideran reclamos de pensionados en 2025. Según la Acodeco, de enero a octubre emitió 59 sanciones en primera instancia por faltas a la Ley 6. El monto total de las multas ascendió a $26,530
José tiene 70 años, se pensionó por vejez a sus 62 años y vive solo en la ciudad de Panamá. Cada mes organiza con cuidado su presupuesto: medicamentos, alimentos y servicios básicos consumen la mayor parte de su pensión. Por eso, cuando en una farmacia le negaron el descuento al que tiene derecho por ley, supo que algo no estaba bien.
“Mostré mi carné de pensionado y me dijeron que ese descuento no aplicaba ahí”, recuerda. Pagó para no perder el medicamento, pero guardó la factura. Días después acudió a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para presentar su queja.
El caso de José no es aislado. Según la Acodeco, durante 2025 han recibido numerosos reclamos de jubilados y pensionados por incumplimientos a la Ley 6 de 1987, una norma que establece descuentos obligatorios para nacionales y extranjeros jubilados, pensionados y personas de la tercera edad: mujeres desde los 55 años y hombres a partir de los 60.
De acuerdo con el reporte la Acodeco, de enero a octubre emitió 59 sanciones en primera instancia por incumplimientos a la Ley 6. El monto total de las multas ascendió a $26,530.
Las sanciones más elevadas estuvieron asociadas al cobro indebido de tasas de interés, con 16 multas que sumaron $15,000, seguidas por infracciones vinculadas a la falta de letreros informativos, que generaron 17 sanciones por $2,460.
Asimismo, la entidad registró 12 sanciones por no aplicar el descuento del 25 % en restaurantes, por un total de $2,920, mientras que los incumplimientos en hospitales y clínicas privadas derivaron en tres multas que alcanzaron los $800.
El informe también detalla dos sanciones por no otorgar el descuento del 50 % en impuestos de aeropuertos y pasaportes, que representaron $2,000, además de otras infracciones de menor cuantía relacionadas con transporte aéreo, servicios médicos, hoteles y préstamos, que completan el monto total sancionado.
Una ley vigente, pero poco respetada
Con 38 años de vigencia, la Ley 6 de 20 de febrero de 1987, y sus modificaciones posteriores, reconoce beneficios económicos a jubilados y pensionados en bienes y servicios esenciales como medicamentos, atención médica, transporte, alimentos, hospedaje y actividades recreativas. La normativa establece que los descuentos deben aplicarse de forma automática cuando el beneficiario presenta su carné vigente.
Sin embargo, en la práctica, muchos adultos mayores se enfrentan a respuestas similares a la que recibió José: desconocimiento del personal, excusas administrativas o la negativa directa a cumplir la ley.
“Uno no quiere pelear, pero tampoco puede regalar su plata”, dice. “Ese descuento no es un favor, es un derecho”.
Principales reclamos de jubilados por la Ley 6 en 2025
Entre los principales casos recibidos entre enero y octubre de 2025 en el caso de la Ley 6 de 1987 destacan:
Tasa de interés: 126 casos
Descuento del 25 % en restaurantes: 95 casos.
No se encontró letrero informativo: 81 casos.
Préstamos personales y comerciales: 58 casos.
Descuento del 15 % en comidas rápidas (franquicias nacionales e internacionales): 18 casos.
No se otorgó el descuento correspondiente: 16 casos
No se otorga descuento del 25 % en transporte aéreo: 9 casos.
Descuentos en farmacias (medicamentos): 6 casos.
Descuentos en hoteles, moteles y pensiones: 5 casos.
No se otorga descuento en servicios médicos: 5 casos.
No se otorgan descuentos en hospitales y clínicas privadas: 4 casos.
Descuentos en servicios técnicos y profesionales: 3 casos.
No se otorga descuento del 50 % en impuestos de aeropuertos y pasaportes: 3 casos.
Consumo de energía eléctrica: 2 casos.
Letrero con información incorrecta: 2 casos.
Estos reclamos se concentran principalmente en farmacias, supermercados, clínicas privadas, servicios funerarios, telefonía y comercios en general, sectores donde el gasto del adulto mayor es constante y, en muchos casos, indispensable para su calidad de vida.
Cuando reclamar sí funciona
En el caso de José, la queja presentada ante la Acodeco derivó en una conciliación, y el comercio terminó devolviéndole el monto cobrado de más. Para él, el proceso fue revelador.
“Yo pensé que reclamar era perder el tiempo, pero me di cuenta de que si uno no habla, esto sigue pasando”, afirma.
La Acodeco confirmó que muchos reclamos de jubilados concluyen en acuerdos o devoluciones, aunque advirtió que la reincidencia en el incumplimiento de la Ley 6 puede generar sanciones administrativas para los comercios.
Un grupo vulnerable que requiere protección
La entidad subrayó que los jubilados y pensionados forman parte de un grupo especialmente vulnerable, al depender de ingresos fijos y enfrentar mayores gastos en salud y alimentación. Por ello, reiteró que el respeto a la Ley 6 no es opcional ni depende de promociones comerciales.
Además, recordó que los comercios están obligados a colocar avisos visibles informando sobre los descuentos y a capacitar a su personal para evitar abusos o desinformación.
“Hay que exigir con respeto”, dice José hoy, cada vez que muestra su carné. “La ley está para cumplirse, sobre todo cuando uno ya dio tantos años de trabajo al país”.
La Acodeco reiteró su llamado a los jubilados y pensionados a denunciar cualquier incumplimiento, y aseguró que continuará con operativos de verificación y campañas informativas para garantizar que los beneficios se respeten en todo el país.
Cambios en discusión en la Asamblea Nacional
Mientras los jubilados pensionados por vejez reclaman el cumplimiento de la norma vigente, en la Asamblea Nacional se discuten modificaciones a la Ley 6 de 1987. En la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social reposan los anteproyectos de ley 225, presentado por el diputado Jorge Alberto González; 226, por Javier Francisco Sucre; y 227, por Lenín Alberto Ulate.
Las iniciativas buscan ampliar los beneficios existentes, pero han generado preocupación en sectores productivos, particularmente en la industria hotelera, que advierte sobre el impacto económico de los cambios propuestos si no vienen acompañados de mecanismos de compensación.
“38 años sin retornos fiscales”
Víctor Concepción, miembro de la directiva de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), explicó a La Estrella de Panamá que el sector ha absorbido durante décadas el costo de los descuentos obligatorios sin recibir compensación fiscal.
Desde su aprobación, la Ley 6 establece, entre otros beneficios:
Descuento mínimo en hospedaje:
50% de lunes a jueves.
30% viernes, sábados y domingos.
25% de descuento en el consumo individual de alimentos en restaurantes, salvo fondas sin licencia comercial.
“Los hoteles hemos venido absorbiendo estos descuentos en las tarifas de habitaciones por casi cuatro décadas, sin que exista hasta hoy ningún tipo de reconocimiento o retorno fiscal”, señaló Concepción.
Explicó que solo recientemente, tras años de gestiones, la Dirección General de Ingresos (DGI) habilitó una casilla para que los hoteles puedan deducir en la declaración de renta los descuentos otorgados en restaurantes, y únicamente en el caso del 25% en alimentos.
“Los descuentos en habitaciones, del 50% y 30%, siguen sin ser deducibles. Ese costo ha sido asumido íntegramente por el sector durante 38 años, sin compensación fiscal”, precisó.
Riesgos de los proyectos en discusión
Concepción advirtió que los anteproyectos actualmente en debate introducen dos cambios de alto impacto:
Extender el 50% de descuento en habitaciones a todos los días de la semana, incluso sobre tarifas promocionales.
Aumentar el descuento en alimentos del 25% al 35%.
Según Apatel, estas medidas representan riesgos significativos:
En hospedaje, implicaría aplicar un descuento elevado sin deducción fiscal, en un contexto de aumento de costos operativos, como energía, nómina, mantenimiento y financiamiento.
En alimentos, elevar el descuento de 25% a 35% significa incrementar en 40% el costo asumido por el establecimiento, justo cuando la deducción fiscal comenzará a aplicarse a partir de 2026.
Para muchos hoteles pequeños y medianos, estas medidas podrían:
Eliminar el margen de utilidad en habitaciones y restaurantes.
Convertir operaciones frágiles en deficitarias.
Provocar recortes de empleo, mantenimiento e inversión.
Competitividad y llamado al diálogo
El sector hotelero panameño compite con otros destinos de la región que no tienen descuentos obligatorios de esta magnitud sin compensación equivalente. Apatel advirtió que ampliar las obligaciones sin un análisis técnico puede afectar la competitividad del país.
“Menos inversión, menos empleo formal y riesgo de cierres son consecuencias reales si no se equilibran las cargas”, señaló Concepción.
Aclaró que el sector no se opone al apoyo a los jubilados, pero solicita que cualquier ampliación de beneficios se discuta de forma técnica y consensuada.
“Una política social mal calibrada puede terminar reduciendo la oferta de servicios y afectando, en la práctica, a los mismos jubilados que se busca proteger”, concluyó.
Recomendaciones y beneficios financieros de la Ley 6
La Acodeco recordó que la Ley 6 también contempla importantes beneficios en materia financiera para:
Mujeres de 55 años o más
Hombres de 60 años o más. Todos los jubilados y pensionados en el país.
Entre ellos:
50% de descuento en gastos o comisiones de cierre en préstamos personales y comerciales.
Exoneración de la sobretasa del Fondo Especial de Compensación de Intereses.
15% de descuento en la tasa de interés máxima en préstamos personales y comerciales.
1% de descuento en la tasa de interés de préstamos hipotecarios para vivienda propia, excepto los de tasa preferencial.
La Acodeco reiteró que fiscaliza el cumplimiento de todos los beneficios de la Ley 6 y exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier incumplimiento a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible las 24 horas vía WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como en @AcodecoPma en redes sociales.
Víctor Concepción
Directiva de la Asociación Panameña de Hoteles
Los descuentos en habitaciones, del 50% y 30%, siguen sin ser deducibles. Ese costo ha sido asumido íntegramente por el sector durante 38 años, sin compensación fiscal”,
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