Nicaragua cumple dos meses en medio de crisis sociopolítica

Nicaragua cumple dos meses de la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, que se ha cobrado la vida de entre 178 y 200 personas, según organizaciones de derechos humanos independientes, mientras el diálogo nacional que busca frenar la violencia avanza a cuenta gota.

El acuerdo alcanzado el viernes, y el segundo intento de diálogo desde que se desataron las protestas el pasado 18 de abril, ha sido visto como ‘positivo' por los grupos opositores al gobierno de Daniel Ortega, aunque aún prevalece la desconfianza.

La dirigente del opositor Frente Amplio por la Democracia de Nicaragua (FAD), Violeta Granera, advierte que a pesar de que el gobierno nicaragüense ha extendido la mano para dialogar el ‘peligro no ha pasado'.

‘Si nos quitamos de aquí, nos matan' o ‘estos no se van a ir por las buenas', son frases de los manifestantes llamados ‘autoconvocados', críticos del gobierno de Ortega y que aún se mantienen detrás de barricadas y armados morteros, herramientas con las que aseguran hacer frente a la Policía Nacional.

‘La Policía y los orteguistas tienen armas, nosotros sólo morteros y barricadas, si nos quitamos, quitan las barricadas, se meten al barrio y nos matan, esa es la orden de Daniel y la Chayo (la esposa de Ortega)', dice a la agencia Efe uno de los ‘autoconvoca dos'.

A pesar de la desconfianza las mesas de diálogo tendrán como objetivo discutir la hoja de ruta planteada para solucionar la crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano.

Entre las exigencias se pide la celebración de elecciones el 31 de marzo de 2019, la renuncia de los miembros del poder electoral y una nueva ley de partidos políticos, entre otras medidas.

‘Reiteramos la urgencia del cese a la violencia, amenazas, crímenes y asesinatos contra la población civil que causa tanto dolor y sufrimiento a las familias nicaragüenses', pidió el sábado Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal.

Ortega, en el poder desde el 2007 junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es acusado de haber copado los poderes del Estado y de utilizar los tribunales para anular a las formaciones y grupos de oposición.