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Actualizado
- 04/12/2018 01:00
Creado
- 04/12/2018 01:00
El abogado de García, Erasmo Reyna, aseguró al Canal N que su cliente, quien ya se encuentra en su domicilio, no solicitará asilo diplomático a otro país.
La decisión del Gobierno de Uruguay de rechazar el pedido de asilo diplomático planteado por el expresidente Alan García se ha convertido en un espaldarazo a favor de la lucha anticorrupción que han emprendido las autoridades judiciales de Perú.
Al momento de anunciar su decisión sobre García, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, enfatizó que en Perú ‘funcionan libremente los tres poderes del Estado'.
La decisión tomada por el mandatario uruguayo y por el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se basó en ‘consideraciones estrictamente jurídicas' y en el extenso informe enviado por el Gobierno peruano, con cerca de mil páginas.
El pasado 17 de noviembre, García ingresó en la residencia del embajador uruguayo en Lima con la intensión de recibir asilo político, quien hasta ayer se encontraba bajo amparo provisional mientras se estudiaba su caso.
El expresidente peruano es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en un caso de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, informa la agencia Efe .
Los sobornos ascendieron a los $24 millones, según la declaración de un ejecutivo de la compañía brasileña a fiscales, de los que presuntamente $14 millones fueron para altos funcionarios del Gobierno de García.
En su defensa, el exmandatario esgrimió la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, a pesar de que esta establece que la medida de protección no procede cuando ya existe un proceso o una imputación en marcha en el fuero judicial por delitos comunes.
Por otro lado, el abogado de García, Erasmo Reyna, aseguró al Canal N que su cliente, quien ya se encuentra en su domicilio, no solicitará asilo diplomático a otro país.
No obstante, Reyna afirmó que García mantiene su posición de declararse perseguido político. ‘Hemos argumentado siempre que la persecución se da de un sector del Ministerio Público (Fiscalía) que responde a un interés político', apuntó el letrado.
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