Acusan 16 personas por fraude en hidroeléctrica a que se oponía Berta Cáceres

La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic) acusó este lunes a 16 personas por irregularidades en el otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, informó una fuente oficial.

Entre los acusados figuran el exviceministro hondureño de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Todos son acusados de los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

El caso, denominado "Fraude sobre el Gualcarque", fue investigado por la Ufecic y expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), dijo en rueda de prensa Ana María Calderón, coordinadora de la división de Prevención de Combate a la Corrupción de la Misión.

Agregó que la Ufecic presentó ante la Corte Suprema de Justicia "evidencia de que 16 acusados habrían cometido diversos delitos contra la Administración Pública" para que la empresa Desa fuera "beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque".

Así como el contrato de suministro de potencia y energía, y otro de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, este último conocido como "Agua Zarca", al que la ambientalista se oponía al considerar que causaba daños al medioambiente.

Para la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), el caso es "paradigmático" y surgió como consecuencia de las "más de 40 denuncias" presentadas ante el Ministerio Público por la ambientalista Berta Cáceres sobre supuestas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad lenca, añadió.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales.

La investigación ha sido una "tarea de hormiga" de los expertos de la Ufecic y la Maccih, señaló Calderón, quien dijo que la empresa Desa fue creada el 20 de mayo de 2009 por los hermanos Roberto Antonio y Geovanny Isidro Abate Ponce con un capital de 25.000 lempiras (unos 1.016 dólares).

Agregó que el ex presidente ejecutivo de Desa Roberto David Castillo desde 2009 era "representante de facto" de la compañía y, además, fue asistente técnico de gerencia de la ENEE.

El contrato entre la ENEE y Desa se suscribió sin que se "verificase que DESA no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado", violentando así la Ley de Contratación del Estado, y que "no tenía las capacidades, la experiencia y el capital" para desarrollar el proyecto.

Tras la firma del contrato con la ENEE, Castillo formalizó su vinculación con Desa y se le otorgaron "parte de las acciones" de la compañía a través de la empresa Potencia de Energía de Mesoamérica (PEMSA), que tendría su sede en Panamá y de la cual el acusado era socio y directivo, señala la investigación.

En representación de Desa firmó el contrato la hondureña Carolina Lizeth Castillo, quien fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, lo que le permitió conocer el estudio de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Gualcarque.

La Maccih recomienda a las autoridades de Honduras que "revisen los contratos que aún están vigentes y la normativa que los regula, pues de seguir con esta política energética podría producirse un desbalance del mercado que podría llevar a la quiebra a la ENEE". E