SIP denuncia que la situación de libertad de prensa es "crítica" en Nicaragua

Actualizado
  • 30/03/2019 17:58
Creado
  • 30/03/2019 17:58
Tanto Mora como Pineda están detenidos desde el 21 de diciembre tras el allanamiento del canal, y enfrentan cargos por "fomentar e incitar al odio

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este sábado que la situación de la libertad de prensa en Nicaragua, así como la de muchos periodistas, "es crítica".

"La situación política, social y económica se ha deteriorado y la libertad de prensa y la situación de muchos periodistas es crítica", reza el informe acerca de Nicaragua que fue presentado ante la Reunión de Medio Año de la SIP que se celebra en la ciudad colombiana de Cartagena.

Entre los casos más graves, el informe, leído por el gerente general del diario La Prensa, Hugo Holmann, recuerda que siguen presos "en condiciones lamentables" los periodistas Miguel Mora, director del canal de televisión 100 % Noticias, así como su jefa de prensa, Lucía Pineda.

Tanto Mora como Pineda están detenidos desde el 21 de diciembre tras el allanamiento del canal, y enfrentan cargos por "fomentar e incitar al odio y la violencia" y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas".

Al concluir la presentación del informe, Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo-La Estrella (GESE) de Panamá, pidió especial atención para el caso de Mora, quien en octubre pasado, en la Asamblea de la SIP en Salta (Argentina), manifestó su temor a ser detenido a su regreso a Managua, lo que efectivamente ocurrió semanas después.

Según dijo, Mora está "incomunicado, sin ver el sol hace 35 días y sin acceso siquiera a un libro".

La SIP recuerda en su informe que el canal 100 % Noticias "fue cerrado y vigilado por la Policía", mientras que también fueron emitidas órdenes de captura de los periodistas Luis Galeano y el comentarista político Jaime Arellano, director del programa matutino "Jaime Arellano en la Nación".

Ambos tenían programas en 100 % Noticias y se han asilado en Costa Rica.

"Una suerte parecida corrieron los medios de prensa Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro" hijo del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, conocido como el "mártir de las libertades públicas", y de la expresidenta Violeta Barrios, la "dama de la paz", detalla el informe de la SIP.

En este sentido, rememoran que las oficinas de Chamorro Barrios fueron ocupadas, todos sus equipos confiscados y sus programas prohibidos en el Canal 12, "único que no es controlado o neutralizado por el gobierno".

Chamorro también fue agredido por agentes antimotines de la Policía Nacional cuando intentó poner la denuncia del registro sin orden judicial ante las autoridades policiales.

Ante la situación vive el Canal 12, la SIP añade que "también dejó de transmitir el programa matutino de entrevistas 'Danilo Lacayo en vivo' y su conductor, Danilo Lacayo, que fue jefe de prensa del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, se exilió en Costa Rica".

"Carlos Fernando y su equipo de periodistas se vieron obligados también a asilarse en el vecino país de Costa Rica desde donde siguen informando por YouTube", subraya el informe.

Asimismo, agregan que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recopiló una lista de 62 periodistas independientes que han sido obligados a abandonar el país ante las amenazas del gobierno y la degradación de la libertad de prensa.

Esa misma fundación también ha recopilado 712 ataques sobre el ejercicio libre del periodismo desde el 18 de abril de 2018 fecha en que comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Como respuesta a la gravedad de la situación, la periodista Nuria Piera, de República Dominicana, propuso a la SIP emitir una declaración de condena al Gobierno de Nicaragua por lo que está sucediendo con la prensa de ese país, idea que el organismo acogió y materializará en un editorial para que sea publicado por sus asociados.

Las protestas comenzaron de forma pacífica contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y posteriormente derivaron en choques con la Policía en los que entre 180 y 200 personas han muerto, según organismos humanitarios internacionales.

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