Concesionaria Madden Colón llevó a cabo un simulacro de accidente sobre la autopista como fase final del Curso de Formación de Brigadas de Emergencias,...
Actualizado
- 19/06/2019 02:00
Creado
- 19/06/2019 02:00
Los abogados panameños Ubaldo Samaniego, Humberto Zappi y Aldo Burgos reclaman $1,475 millones al gobierno ecuatoriano por costas judiciales.
Los abogados panameños Ubaldo Samaniego, Humberto Zappi y Aldo Burgos reclaman $1,475 millones al gobierno ecuatoriano por costas judiciales.
Los juristas asistieron a la Fundación Servicio Integral a Jóvenes Adolescentes (SIJA), cuyo socio fundador es Roger Efrén Moreira, en un proceso simple de mayor cuantía contra la Empresa Hidrocarburos Petrocomercial (filial de la estatal Petroecuador).
La fundación reclama que se haga efectivo un compromiso que adquirió la empresa estatal ecuatoriana Petrocomercial que accedió a pagar una indemnización de $10 mil millones a la organización por tala indiscriminada de 700 mil hectáreas de árboles en Los Cantones, Eloy Alfaro y San Lorenzo de Esmeraldas, en Ecuador.
El 20 de julio de 2005, la filial, en representación del Estado ecuatoriano, realizó un acuerdo de pago irrevocable a favor de la fundación por este monto considerando los perjuicios causados a la flora y fauna de los sitios.
Washington Gallegos Orta, en calidad de vicepresidente de la empresa, asumió el compromiso de cancelar el 100% de la obligación en su calidad de deudor solidario.
Gallegos Orta autorizó a los beneficiarios a interponer las acciones legales para el cumplimiento del acuerdo, explicaron los juristas a La Estrella de Panamá .
Sin embargo, Gallegos Orta dejó el cargo en medio de un cambio de gobierno. Al mismo tiempo, Petrocomercial fue absorbida por EP Petroecuador. A pesar de los cambios, el proceso siguió su curso.
La demanda para gestionar los cobros de la fundación fue presentada en la jurisdicción panameña considerando que el acuerdo establecía que podían realizarse en el extranjero, explicó Zappi.
En efecto, la diligencia fue admitida por el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que reconoció que el acuerdo reunía los requisitos exigidos para ser considerado válido y para ser ejecutado en la jurisdicción panameña.
El juez Juan Bosco Molina ordenó el pago a la fundación por la vía ejecutiva. Mediante el Auto Nº. 1644 del 26 de octubre de 2017, se decreta formal embargo por $11,495 millones a favor de la fundación.
La suma debía ser resarcida a través de seis bancos locales en los que EP Petroecuador mantenía cuentas por sus actividades comerciales, venta de hidrocarburos. Pero dos de las entidades financieras se declararon en rebeldía y desconocieron los requerimientos de pago.
Actualmente, existen una serie de acciones judiciales tanto contra EP Petroecuador como contra uno de los bancos, considerando que la plataforma con la que opera la entidad permite al Banco Central de Ecuador no rendir sujeción a la Superintendencia de Bancos de Panamá.
El único interés de los abogados es el cobro de los honorarios considerando que el juez reconoce los gastos del proceso .
Pero la empresa estatal, a través de sus abogados, interpuso un amparo de garantías constitucionales contra la orden de embargo alegando que no fueron debidamente notificados de la diligencia y un incidente de declinatoria de competencia del juez.
Para Zappi el recurso es extemporáneo.
Lo Nuevo
