La penalización del aborto en El Salvador daña dignidad de niñas, según CIDH

La penalización total del aborto en El Salvador como respuesta ante el "número brutal" de niñas con "embarazos forzados" atenta contra la dignidad de las menores víctimas, señaló en una entrevista con Efe la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena.

"La respuesta que la sociedad tiene que darle a esa niña no puede ser una respuesta de penalización" y "este concepto de una penalización del aborto absoluta es contrario a la dignidad del ser humano y, en este caso, a la dignidad de niñas, adolescentes y mujeres", apuntó.

Arosemena se mostró alarmada por el "número brutal" de niñas y adolescentes embarazadas a raíz de una violación.

Datos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador refieren que entre 2013 y 2018 se suicidaron 562 mujeres de diferentes edades, de las que el 3% decidió quitarse la vida por un "embarazo no deseado".

La organización Colectiva Feminista para del Desarrollo Local de El Salvador denunció que desde 2017 la "grave" situación de suicidios de niñas por embarazos "impuestos", la mayoría fruto de violaciones.

"El tema del aborto y la situación de causas especiales para no penalizarlos es un asunto que tiene que verse también desde la perspectiva de la vida de las personas, de la integridad física, emocional y mental de la mujer", sostuvo la letrada.

Arosemena fue parte de la misión de comisionados de la CIDH que llegó a El Salvador a inicios de diciembre como parte de una visita "in loco", la primera en más de 30 años.

La CIDH se reunió con diversos funcionarios del Estado salvadoreño y con organizaciones sociales, que centraron su agenda en las violaciones a derechos humanos relacionadas con la violencia machista, los crímenes de odio, prisiones, víctimas de la criminalidad actual y sobrevivientes de la guerra civil.

HACINAMIENTO CARCELARIO

Sin entrar en detalles, la presidenta de la CIDH apuntó que la "situación es muy difícil" para las personas en detención provisional en los calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC), conocidos como "bartolinas".

"Hay una situación de un hacinamiento muy duro. Es una situación que hay que atender, porque en esos lugares (las personas) están de paso, debieran de estar de paso" y "hay personas que tienen 30 meses de estar ahí", acotó.

Explicó que esto "implica para la Comisión tener una línea para las recomendaciones" dirigidas al sistema de justicia salvadoreño.

"Si a las personas las detienen hay que tener una capacidad de respuestas en los términos que la ley prevé para esta primera fase de una investigación", sostuvo la letrada.

De igual forma, señaló que también existe una "una situación muy compleja" sobre "la posibilidad de las visitas de los familiares", por lo que "es muy importante plantearle al Estado algunas recomendaciones en esta materia".

De acuerdo con las organizaciones humanitarias, el Estado de El Salvador viola los derechos de los presos con una serie de "medidas extraordinarias" aplicadas por el Ejecutivo en 2016 y que se volvieron permanentes por decisión de la Asamblea Legislativa.

La organización Cristosal pidió el 2 de diciembre a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anule parcialmente la reforma a la ley penitenciaria que permite tratos "inhumanos" en las prisiones.

Estas medidas son las relacionadas con la restricción de la visita familiar, el régimen estricto en las cárceles de máxima seguridad y el aislamiento prolongado de los reos.

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

La CIDH también conoció el fenómeno de desplazamiento forzado por la violencia que se vive en el país y Arosemena sostuvo que "hay una necesidad" de atención.

"El tema del desplazamiento forzado obliga al Estado a tener una respuesta para este grupo", porque son de una "altísima vulnerabilidad", subrayó.

Explicó que el Estado de El Salvador tiene "una línea de acción para el tema de la protección a las víctimas en términos generales", pero señaló que "el tema es que eso tiene que funcionar, tiene que ponerse en marcha lo más pronto posible, porque el número de víctimas es importante".

La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el 2018, según una encuesta nacional la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

RECONCILIACIÓN TRAS GUERRA CIVIL

Sin adelantar criterio sobre la situación de los derechos de las víctimas y sobrevivientes de la guerra civil (1980-1992), la jefa de la CIDH aseguró que "nunca habrá reconciliación si no hay verdad, si no hay justicia".

En 2019, el Congreso de este país centroamericano se ganó las críticas de los defensores de derechos humanos por la supuesta intención de aprobar una ley de "reconciliación nacional" que buscaba amnistía "de facto" los crímenes de lesa humanidad, atribuidos principalmente al Ejército.

Los jueces constitucionales del Supremo anularon en julio de 2016 una ley de amnistía de 1993, con lo que se reabrieron diversos procesos penales, como el del magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la matanza de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la masacre de seis jesuitas y dos mujeres (1989).

En el fallo, que dio al trasto con esta amnistía, los juzgadores también ordenaron al Órgano Legislativo promulgar una ley que garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a medidas de reparación.

"La reconciliación no se hace, no se logra con ocultar verdad o no encontrar justicia", sostuvo Arosemena y señaló que "la Comisión se ofrece a darle al Estado salvadoreño el apoyo técnico, la cooperación técnica que sea necesaria" para que se cree la ley con "estándares interamericanos".

VIOLENCIA MACHISTA

Arosemena dijo a Efe que la situación de las mujeres en el país es "muy difícil" y que "hay una realidad que está en las cifras de lo que representa el tema de la violencia sexual".