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Actualizado
- 09/04/2020 00:00
Creado
- 09/04/2020 00:00
Según el fallo, los sobornos habrían ascendido a 7,5 millones de dólares en efectivo, cantidad a la que se llegó mediante el cruce de facturas y, una parte, en metálico
La agrupación internacional Grupo de Puebla, que reúne a políticos progresistas de catorce países, rechazó este miércoles la sentencia judicial contra el expresidente de Ecuador Rafael Correa que lo condenó en su país a ocho años de cárcel y a 25 años de inhabilidad para ejercer cargos políticos por el delito de cohecho.
La organización, a la que Correa pertenece y que reúne a parte de la izquierda latinoamericana, acusó que el exmandatario ecuatoriano estaría siendo víctima de lawfare (judicialización de la política), mecanismo, según el Grupo de Puebla, "extensamente usado por grupos políticos e instituciones para anular y perseguir a sus opositores".
A través de un comunicado, la agrupación sostuvo que dicha situación se debería al interés de "restringir" la presencia de Correa en su país e impedir su participación en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021.
Correa fue condenado este martes por el delito de cohecho, al considerar la Justicia de Ecuador que el expresidente encabezó entre 2012 y 2016 una red de corrupción mediante la cual una serie de empresas -entre ellas Odebrecht- financiaban ilegalmente a su partido político (Alianza País) a cambio de millonarios contratos con el Estado.
Según el fallo, los sobornos habrían ascendido a 7,5 millones de dólares en efectivo, cantidad a la que se llegó mediante el cruce de facturas y, una parte, en metálico.
En su escrito, el Grupo de Puebla sostuvo que "el proceso estuvo plagado de detenciones ilegales, delatores premiados, y pruebas forjadas y manipuladas", y comparó la situación de Correa con los juicios en contra del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la exmandataria argentina Cristina Fernández.
El Grupo de Puebla hizo un llamado a que "las organizaciones internacionales y relatorías que velan por el respeto a los derechos humanos y democráticos, y por la independencia de jueces y abogados, a ejecutar acciones en contra de las irregularidades de este procedimiento judicial".
Actualmente el ex mandatario vive prófugo en Bélgica, con una docena de causas más en su contra que no han sido cerradas, como lo es la acusación por secuestro de un opositor en Colombia durante 2012.
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