Inseguridad, pobreza y ocupación extranjera, claves para entender la crisis en Haití

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a manos de un grupo armado desconocido, amenaza con profundizar la ya complicada situación política y social que vive el país caribeño.

Sobre el magnicidio se conoce hasta ahora que los asaltantes ingresaron la madrugada de este miércoles a la residencia del mandatario en el exclusivo barrio de Pétionville, Puerto Príncipe, donde dispararon a él y su esposa Martine Moïse, esta última en estado crítico en un hospital de Miami tras ser trasladada desde la capital haitiana.

Lo ocurrido dejó al mando del gobierno al primer ministro interino Claude Joseph, que estableció un estado de sitio por 15 días, mientras la policía en un fugaz operativo capturó a dos supuestos asaltantes y abatió a otros cuatro, de nacionalidad extranjera y de identidad desconocida por ahora.

Al siguiente día fueron capturados otros presuntos asaltantes, que suman 17 hasta ahora, 15 exmilitares colombianos y dos estadounidenses de origen haitano.

Si bien las investigaciones apenas comienzan, el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, dijo en una entrevista con la cadena CNN que el magnicidio tuvo “motivaciones políticas” con participación de “asesinos profesionales”.

Según versiones de las autoridades haitianas, un grupo no determinado de personas armadas con fusiles, que hablaban español e inglés, llegaron a la casa de Moïse identificándose como agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

“Tenemos un video y creemos que (los autores del crimen) son mercenarios”, dijo Edmond.

Poco después, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, negó cualquier implicación de la DEA en el crimen.

La muerte de Moïse ocurre a solo dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, propuestas para el próximo 26 de septiembre, unos comicios que podrían quedar en un limbo de agravarse los niveles de violencia, algo que no sería nuevo en la ya constante inestabilidad política del país.

En los últimos 35 años la nación ha tenido al menos 20 presidentes entre golpes de Estado, gobiernos interinos y elegidos, que en su mayoría no han logrado terminar su mandato.

Desde el principio, la administración Moïse estuvo rodeada de polémica. Conocido como un empresario ligado al cultivo y exportación de banano, este dio un salto en 2012 con la creación de la compañía Agritrans para un proyecto de una zona franca agrícola, gracias a un préstamo de $6 millones del gobierno del entonces presidente Michel Martelly.

Más adelante, Martelly nombraría a Moïse como su delfín político con el partido derechista Tét Kale, que ganaría luego una controvertida primera vuelta de las elecciones de 2015.

Tras protestas y acusaciones de fraude e irregularidades desde la oposición, la elección se anuló, celebrándose unas nuevas en 2016.

Esta vez obtuvo el 55,6%, pero con una participación de solo el 18.1%, lo que arrojó dudas sobre la legitimidad de su mandato.

Moïse inició su gestión en 2017 con un país aún lastrado por la devastación del terremoto de 2010, que dejó al país en ruinas y al menos 200 mil muertos. Un año antes, en 2016, el huracán Matthew habría causado igual enormes daños materiales y unos 900 fallecidos.

Sin poder cumplir sus promesas, la inflación se disparó mientras las condiciones de la vida de la población se degradaron, lo que acompañó a protestas masivas en las calles, especialmente desde 2018 cuando decidió eliminar los subsidios al combustible acatando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El descontento popular se sumó al escándalo de PetroCaribe y la malversación de los fondos del programa propuesto por Venezuela para permitir el acceso de los países pobres del Caribe a la compra de petróleo más barato.

Ya para 2019 Haití vivía un estallido social contra las políticas neoliberales de su gobierno y la grave situación socioeconómica, parecido a lo que ocurría en Colombia y Chile, pero con mucho menos atención mediática internacional.

Unas protestas y huelgas generales que pasaron a exigir la renuncia de Moïse y tuvieron como respuesta una durísima represión que tuvo un saldo de al menos 40 muertos según Amnistía Internacional.

La gota que derramó el vaso fueron las disputas por el fin de su mandato. La oposición aseguraba que este debía cesar en febrero de 2021, mientras que Moïse lo fijaba en 2022, por el retraso de un año de las elecciones de 2015; una postura a contramano de lo que establece la Constitución.

El parlamento dejó de funcionar tras ser disuelto por Moïse a inicios del año pasado y empezó a gobernar por decreto, lo que llevó a denuncias de autoritarismo. En respuesta la oposición respaldó la autoproclamación del jefe de la Corte Suprema, Joseph Mécène Jean-Louis, como presidente interino, pero este fue destituido por el presidente; lo que dejó a Moïse como el único poder constituido.

La llegada del SARS-CoV-2 terminó por hundir más el país, de los pocos del hemisferio occidental que aún no inicia su vacunación ante la falta de acceso a las dosis anticovid, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Todo este caos se desarrolla en un panorama dramático en lo social.

De los 11 millones de habitantes que tiene Haití, el 60% vive por debajo de la línea de la pobreza –unos 6,3 millones–, de acuerdo con el Banco Mundial. Este mismo organismo estima que unos 2,5 millones, el 24% de los haitianos, viven en pobreza extrema.

Según la onenegé Acción contra el Hambre, el 22% de los niños sufre desnutrición crónica mientras que 2,1 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Este escenario hace común que entre los sectores más precarizados, personas preparen “galletas” de arcilla y sal para aplacar el hambre.

El otro gran flagelo que está castigando a la población es la inseguridad, con la proliferación en los últimos años de bandas armadas y un alarmante aumento de los secuestros.

De acuerdo con cifras de la policía citadas por la ONU, entre 2019 y 2020 hubo un incremento del 200% en los delitos de secuestro.

A mediados de abril, Unicef alertó que incluso niños y mujeres se habían convertido en objetivos de este tipo de crímenes, muchas veces siendo atacados al azar y exigiendo sumas impagables para su rescate.

Al respecto varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Fundación Je Klere, han señalado la existencia de vínculos entre las bandas criminales y el gobierno de Moïse y su partido, particularmente en un rol de control social de la población en momentos en que hay una aumento exponencial del descontento en las calles.

La más conocida banda criminal sería el G9 o an fanmi e an alye –familia y aliados, en creole–, una suerte de federación de pandillas dirigida por Jimmy Cherizier alias 'Barbecue', un expolicía señalado de participar en masacres en 2018.

En opinión del sociólogo y periodista Lautaro Rivara, quien ha desarrollado varios trabajos sobre la situación haitiana, estas estructuras criminales han afianzado su capacidad operativa y poder territorial bajo la sombra de la gestión de Moïse y en una especie de “caos ordenado” ante la mirada de los países que han participado en las diversas intervenciones en los asuntos internos de Haití.

Desde que en 1804 Haití alcanzó su independencia frente a las tropas coloniales de Napoleón, no conoce descanso del acoso extranjero. Empezando por la onerosa deuda que le impuso Francia y que apenas logró pagar a mediados del siglo XX. La primera república independiente de América Latina y además pionera al ser liderada por esclavos negros, fue deliberadamente bloqueada por las potencias europeas ante el temor de que el desafío haitiano amenazara el sistema esclavista de la época.

Este lastre acompañará la espiral de convulsiones sociales y golpes de Estado entre las élites del país que llegarían hasta entrado el siglo XX, cuando Estados Unidos aprovecharía una de esas crisis para invadir el país en 1915. A partir de ese momento, las tensiones en la isla estarían ligadas a intervenciones o injerencias extranjeras.

Los años 50 estarían marcados por la sangrienta dictadura de la familia Duvalier, firme aliado de Washington en el marco de la Guerra Fría. Su caída llevaría en 1990 al primer presidente electo del país, Jean-Bertrand Aristide. Meses después sería derrocado, dando paso una nueva intervención en 1994, otra vez bajo el mando estadounidense, pero ahora con el apoyo de las Naciones Unidas.

La subsiguiente inestabilidad política fue el principal argumento para la instalación en 2004 de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) tras el derrocamiento de Aristide. Una presencia policial-militar plagada por cientos de denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros de la misión, así como el escándalo tras un brote de cólera que luego se comprobó fue introducido por soldados de los “cascos azules”; una epidemia que dejó más de 10 mil haitianos fallecidos.

La Minustah terminó su mandato en 2017 y fue sustituida por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), mientras el país continúa en crisis.

Para el economísta e intelectual haitiano Camille Chalmers, parte clave de una posible salida de la crisis pasa por permitir autodeterminarse sin injerencias extranjeras, que hallan complicidad en las élites del país, salpicadas por casos de corrupción y abusos.

“El pueblo haitiano necesita tomar su destino en sus propias manos, recuperar su soberanía y revertir así esta situación insostenible. Esta inversión requiere inevitablemente una redefinición del tipo de relación amo-esclavo que se mantiene entre la comunidad internacional y Haití”, subraya Chalmers.