Ejército decreta la ley marcial y el gobierno interino sigue vigente

El ejército tailandés impuso en la madrugada del martes la ley marcial en el reino, marcado por varios meses de crisis política y manifestaciones antigubernamentales que provocaron 28 muertos y varios heridos. No obstante, el gobierno provisional, que no fue consultado, sigue en funciones.

‘Declarar la ley marcial no constituye un golpe de Estado, sino que tiene por objetivo restaurar la paz y el orden público’, afirmó el ejército en el comunicado anunciado durante la madrugada en la televisión controlada por fuerzas militares.

Reportes en las redes sociales dijeron que soldados habían tomado control de las estaciones de televisión y que el jefe del ejército hará una declaración pronto.

El ejército tailandés había amenazado el jueves pasado con intervenir en la crisis tras la muerte de tres manifestantes en un ataque con granada en pleno centro de Bangkok.

‘El público no debe ser presa del pánico y debe hacer su vida normal’, señaló el comunicado castrense.

El primer ministro interino, Niwattumrong Boonsongpaisan, sigue en su cargo, dijo a la AFP Paradon Pattanatabut, su asesor de seguridad, quien afirmó que decretar la ley marcial es potestad de los militares.

La oposición, por su parte, afirmó encontrarse ya en el último tramo de su ofensiva para derrocar al gobierno interino, instalado tras la destitución de la primera ministra Yingluck Shinawatra. Esta estaba acusada de ser títere de su hermano, Thaksin, a su vez derrocado por un golpe de Estado en 2006, quien se encuentra en el exilio.

Los Camisas Rojas, un poderoso movimiento integrado por partidarios del gobierno, muy fuerte y numeroso entre la población rural del norte y noreste del país, advirtieron a la oposición sobre el riesgo de una eventual guerra civil si se obstina en hacer caer a lo que queda del gabinete de gobierno.

Tailandia está sumida en una larga crisis política luego de que una corte ordenara la dimisión del primer ministro. La oposición exige que el poder sea entregado a una administración no electa que se encargue de reescribir la Constitución.