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26 de Feb de 2021

Mundo

Los rohinyás, el ‘apartheid' olvidado por el mundo

Cuando se pensaba que la segregación era un mal recuerdo del pasado, ahora en ‘silencio' regresa en Birmania

Los rohinyás, que se cuentan ‘entre las minorías más perseguidas del mundo, por décadas han sido objeto de campañas de marginación y deshumanización en Birmania, actualmente enfrentan, según expertos internacionales, el riesgo de sufrir un genocidio. Este pueblo presenta todas las características de las tragedias del pasado reciente de Ruanda, Darfur, Bosnia y Kosovo'.

Así describen trece premios Nobel de la Paz la desesperada situación del pueblo rohinyá, en una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).

En Birmania, un país del sudeste de Asia con más de sesenta millones de habitantes, viven más de un millón de rohinyás, un pueblo musulmán y una de las cientos de etnias que habitan en el país mayoritariamente budista. A pesar de hallarse registros históricos de la presencia de este pueblo desde el siglo VII en los actuales territorios birmanos, el Gobierno de ese país los considera inmigrantes del vecino Bangladesh, negándoles la ciudadanía y los más elementales derechos.

La misiva enviada en enero de este año y entre cuyos firmantes se incluyen a Malala Yousafzai, Desmond Tutu, José Ramos Horta, Muhammad Yunus, Oscar Arias, señala la situación en Birmania como ‘una tragedia humana que puede calificarse de limpieza étnica y crímenes contra la humanidad'.

SIN TIERRA NI PATRIA

Para 1960 los rohinyás aún eran considerados ciudadanos birmanos, el primer presidente de Birmania, Sao Shwe Thaike, consideraba un año antes a los ‘musulmanes de Arkan', región donde vivían los rohinyás, como parte de las ‘etnias indígenas' birmanas.

Tras un golpe de Estado en 1962, protagonizado por el general Ne Win, aumentaría de manera sistemática la discriminación contra las minorías étnicas.

En 1982, el gobierno militar expidió la ‘ley de ciudadanía', donde solo 135 de 144 etnias fueron consideradas ‘etnias nacionales' (minorías étnicas), excluyendo a los rohinyás de la ciudadanía birmana y considerándolos extranjeros.

Esto condujo a su marginación de toda clase de derechos. Como resultado, los rohinyás hoy no tienen acceso a la atención sanitaria, están vedados de participar del sistema escolar, sin derecho a voto, organización o protesta, tampoco tienen derecho a poseer tierras ni propiedades, requieren permisos de las autoridades para viajar, casarse e incluso están obligados a tener solo un hijo.

Esta ‘silenciosa' crisis humanitaria regresó a la palestra pública, luego de que se diera a conocer un video donde la policía birmana golpeaban a jóvenes rohinyás detenidos y en el suelo con las manos en la cabeza.

El escándalo obligó al Gobierno de Aung San Suu Kyi, jefa de facto del país, ordenar la detención de los policías.

Suu Kyi, galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1991, fue dirigente opositora contra la ex Junta militar birmana y activista por la democracia en su país, hoy es duramente criticada por organizaciones de derechos humanos.

CRÍMENES EN SILENCIO

En un informe reciente, Amnistía Internacional denunció lo que llamó ‘operaciones de limpieza' y a las fuerzas de seguridad como responsables de ‘homicidios, disparos indiscriminados contra la población civil y detenciones arbitrarias', además de empujar a ‘decenas de miles de personas de esa minoría étnica, a desplazarse tras la destrucción de sus viviendas' mayormente hacia Bangladesh.

Estas apreciaciones coinciden con lo planteado en la carta de los premios Nobel, al señalar que las autoridades birmanas han atacado a la minoría musulmana con disparos ‘desde helicópteros', perpetrado ‘violaciones a mujeres' e incluso de ‘lanzar bebés sobre fogatas'.

Agregan, además, que a pesar de repetidos llamados a Aung San Suu Kyi, esta no ha realizado ninguna acción para asegurar los derechos y la ciudadanía de los rohinyás. ‘Suu Kyi es la líder del país y la primera responsabilidad de un líder es liderar con coraje, humanidad y compasión', acotaron en esa misma carta.

Por su parte, Suu Kyi ha salido al paso de las críticas al negar categóricamente que se esté dando una limpieza étnica en su país. En una reciente entrevista concedida a la BBC , la líder birmana consideró que la ‘violencia' es sólo un problema de ‘bandos enfrentados'.

A pesar de estas declaraciones, diversas instituciones califican tales hechos como verdaderos ‘crímenes de lesa humanidad'.

En esta misma vía, la Iniciativa Internacional para los Crímenes de Estado de la Universidad Queen Mary de Londres apunta que la situación está al ‘borde de un genocidio'.

Las diferentes denuncias llevaron a la elaboración de un informe por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en febrero pasado, que recogía testimonios de rohinyás refugiados en la frontera con Bangladesh.

El estudio reincidía en los indicadores de urgencia humanitaria. Las pesquisas señalaron que no se encontró ninguna persona, entre la muestra entrevista, que por lo menos ‘no hubiera sufrido alguna violación o su casa haya sido quemada o saqueada, o desaparecido algún miembro de su familia'. Entre los crímenes más atroces destacaban ‘el asesinato a cuchillazos de un bebé de ocho meses y los de dos niños de 5 y 6 años, así como el de una niña de 5 años que intentaba impedir la violación de su madre'.

IMPUNIDAD

A raíz del informe de la OACDH el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el pasado 24 marzo de este año, la ejecución de una investigación más amplia sobre las atrocidades cometidas contra los rohinyás, iniciativa rechazada por el gobierno birmano.

Ante los diversos ‘llamados de urgencia', se vuelve inexcusable preguntar el por qué del ‘silencio' de la comunidad internacional.

Yanghee Lee, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania, indica que la ‘comunidad internacional (sabe lo que ocurre), pero nunca ha hecho nada para resolverlo'. Hay intereses ‘individuales, nacionales y regionales que se sobreponen a los derechos humanos', subraya la funcionaria.

Ciertamente, la fuerte presión internacional aceleró la caída del apartheid sudafricano, pero no es menos cierto que su poder y larga existencia no se puede explicar sin la complicidad de esa misma ‘comunidad internacional'.

‘(Los rohinyás) están viviendo bajo una enorme presión y la comunidad internacional lo sabe, pero nunca ha hecho nada para resolver el problema',

YANGHEE LEE

RELATORA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU