Rajoy aplica 155 para frenar independencia de Cataluña

Para frenar el proceso secesionista catalán, el Ejecutivo español propuso hoy el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, y todo su equipo; limitar las funciones del Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región autónoma.

El Consejo de Ministros aprobó un decreto, que deberá ratificar el Senado, para ejercer temporalmente las competencias del autogobierno de Cataluña, como la hacienda y el orden público, en virtud del artículo 155 de la Constitución, inédito hasta ahora en España.

Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica incumple las leyes de forma sistemática, el Gobierno aprobará medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.

Puigdemont o el representante que él designe podrá presentar alegaciones entre el martes y el jueves próximos en el Senado, antes de que el pleno de la cámara debata y apruebe las medidas, previsiblemente el viernes 27 de octubre, ya que el gobernante Partido Popular (PP) dispone de mayoría absoluta.

Desde Barcelona, Puigdemont anunció que convocará al Parlamento para que responda al intento de "liquidar" la autonomía catalana  frente a lo que considera una pretensión del Ejecutivo de Mariano Rajoy "de gobernar desde Madrid los asuntos de Cataluña".

"No podemos aceptar este ataque", señaló el dirigente secesionista, para quien el Ejecutivo español quiere "humillar" a Cataluña. Y llamó a una "conjura" para defender las instituciones catalanas y apeló a la "fuerza de la gente" para hacer valer sus aspiraciones.

Las medidas aprobadas hoy por el Gobierno español son, a juicio de Puigdemont, el peor ataque sufrido por Cataluña desde la dictadura franquista (1939-75) y un modo por el cual un Ejecutivo "ilegítimo" (el de Rajoy) asume la "representación de la voluntad popular" de los catalanes.

El jueves pasado, Puigdemont avisó al presidente del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, de que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no se iniciaba un diálogo entre ambas partes.

La "crisis catalana" se desencadenó, hasta este punto de enfrentamiento, tras el referéndum declarado ilegal por los tribunales españoles para consultar la independencia de Cataluña del resto de España.

Aunque los resultados fueron cuestionados, por la falta de ´protocolos en la votación, el gobierno regional, que lo convocó y alentó, sostiene que reflejó la voluntad de la mayoría del pueblo catalán, a favor de una mayor autonomía.

El Ejecutivo justificó hoy la aplicación de las previsiones constitucionales por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y atentar "gravemente" contra el interés general de España.

La facultad de disolver el Parlamento de Cataluña para convocar elecciones corresponderá a Rajoy, quien espera que sea posible celebrarlas en cuanto se recupere la normalidad.

En rueda de prensa, argumentó que los objetivos son, por este orden, volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.

Y quiso dejar claro que sus propuestas no son para acabar con la autonomía de Cataluña, sino para destituir a los políticos que han puesto el autogobierno regional "fuera de la Ley".

"No quiero que se vayan más empresas ni más depósitos. Podemos estar tranquilos porque esto se arreglará y sin mas daño para nadie", añadió en alusión a las más de mil empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña en los últimos días y a la retirada de fondos de los bancos por los clientes.

La vigencia de todas estas medidas se mantendrá hasta la toma de posesión del nuevo gabinete catalán, tras los comicios autonómicos.

Mientras tanto, el ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno central.

Todos los departamentos catalanes están afectados, entre ellos Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Interior (responsable de la policía regional), Justicia, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Enseñanza, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Pesca.

Así, el Gobierno central controlará todos los ingresos y gastos de la autonomía catalana, asumirá el mando de la Policía regional y podrá cesar o nombrar a los responsables de la radio y la televisión públicos catalanes para garantizar una información veraz y plural.

El Estado podrá sancionar a los trabajadores de la administración pública de Cataluña que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Además, el Parlamento catalán no podrá proponer ni votar ningún candidato a la Presidencia de Cataluña mientras estén vigentes las medidas propuestas ni tomar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía.

Por su parte, el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, instó a los catalanes a manifestarse contra el "totalitarismo" del Gobierno central y en defensa de la "democracia".

En la oposición, socialistas y liberales apoyaron al Ejecutivo, al contrario que el izquierdista Podemos y los partidos independentistas