Campos de detención, la estrategia de Birmania para los rohinyás

Birmania (Myanmar) planea crear campos de detención para los musulmanes rohinyás que, tras huir a Bangladesh, regresen al estado de Rakáin -oeste del país-, una vez superen un proceso de verificación que ya fracasó hace casi 25 años.

"La principal preocupación son los aparentes planes del gobierno de crear unos siete campamentos para los rohinyás que retornen (...) nos preocupa que se conviertan en campos de detención a cielo abierto", declara a Efe Phil Robertson, subdirector en Asia de la organización garante de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

El experto de HRW asegura que en estos recintos se privará de "libertad de movimiento y dificultarán la vida" de los rohinyás, que además verán restringido el acceso a "comida, servicios médicos y educación".

Más de 600 mil rohinyás han cruzado a la vecina Bangladesh, según datos de Naciones Unidas, desde el 25 de agosto, cuando un grupo de insurgentes de esa etnia asaltó una treintena de puestos oficiales y desencadenó una implacable respuesta militar.

Según fuentes del Gobierno birmano, más de 400 personas murieron entre ese asalto y la represión desencadenada tras la incursión.

Representantes de la ONU acusan a las Fuerzas Armadas birmanas y al Gobierno, liderado de facto por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de acometer una "limpieza étnica de manual" contra esa minoría, que Naipyido considera que está compuesta por inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y a la que no reconoce la ciudadanía.

Los soldados prendieron fuego a centenares de poblados, violaron a mujeres y cometieron asesinatos, incluidos de niños, denuncian los investigadores del organismo internacional a través de entrevistas a los refugiados en territorio bangladesí.

Suu Kyi ha defendido la actuación del cuerpo castrense, cuyo máximo representante, el general Min Aung Hlaing, acusó a los medios de "exagerar" con la magnitud del problema y rechazó la imputación de violaciones de los derechos humanos.

Tras la operación militar, con la consiguiente huida de los pobladores rohinyás, el Gobierno aprobó la confiscación de todas las "tierras quemadas" y activó un plan para rehabilitar la región.

"Conforme a las leyes, la tierra quemada pasa a ser controlada por el Gobierno", apuntó a finales de septiembre Win Myat Aye, ministro para el Desarrollo Social, Asistencia y Reasentamiento.

Entre las medidas destaca la construcción de viviendas, aunque la Administración no se ha pronunciado directamente sobre quien ocupará las nuevas casas.

El Ministerio de Información publicó el día 15 en Facebook fotografías sobre los trabajos de edificación acompañadas de un comunicado donde aclaraba que las moradas serán para ciudadanos de las "etnias nacionales", lo que excluye a los rohinyá.

Para solventar la crisis y las feroces críticas procedentes de la comunidad internacional, Suu Kyi puso sobre la mesa -durante un discurso televisado para la nación- un proceso para repatriar a las personas que escaparon de la violencia desatada.

Hasta la fecha no se han elaborado los pasos para que se produzca el regreso de la población, sustentado en un memorando de entendimiento firmado por ambas naciones en 1993 tras combates entre el Ejército y la difunta milicia "Rohingya Solidarity Organisation", que llevaron entonces a 250 mil personas a cruzar la frontera. El plan fracasó, al no regresar la mayoría de los afectados.

"El Gobierno ha dicho muy poco sobre las evidencias que demandará para probar que la persona residían en Birmania y tienen derecho a regresar; esto puede ser problemático porque muchos rohinyás han perdido todos los documentados cuando sus casas fueron quemadas por las fuerzas de seguridad birmanas", señala a Efe Robertson.

El Gobierno y sus correligionarios, al igual que los militares y los grupos budistas ultraconservadores, se refieren a los rohinyás bajo el apelativo de "bengalíes", aunque la Nobel de la Paz intenta evitar esta denominación con palabras más suaves como "los musulmanes que habitan en el estado Rakáin".

Más de un millón de rohinyás vivían en Rakáin víctimas de una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120 mil miembros de esta minoría confinados en 67 campos de desplazados.

Birmania no reconoce la etnia rohinyá, considera emigrantes bengalíes a la mayoría de sus miembros y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.

Los rohinyás, que tampoco son reconocidos como nacionales de Bangladesh, hablan un idioma similar a un dialecto bengalí y muchos de los que viven en Birmania aseguran que llevan generaciones en el país.