Se agudiza conflicto mapuche tras militarización del sur de Chile

El gobierno del presidente Sebastián Piñera decretó este martes el estado de emergencia en varias provincias del sur de Chile, una medida de fuerza que ocurre en medio de un escalamiento del conflicto entre el Estado, empresas forestales y los reclamos de los pueblos mapuches por sus tierras ancestrales.

El mandatario justificó la decisión ante una situación que calificó como una “grave alteración del orden público”, en la conocida como Macro zona Sur del país, que incluye las provincias de Arauco y BioBío, en la región de Bio Bío; y las provincias de Cautín y Mallecon, en La Araucaína.

La medida, que tiene una vigencia de 15 días prorrogables, llega como un bidón de gasolina cuando se registran protestas, cortes de carreteras, manifestaciones en diferentes ciudades, además de huelgas de hambre de presos indígenas.

En algunos casos, con episodios de violencia con destrucción de propiedades, incendios y hasta tiroteos que han dejado heridos y víctimas mortales.

Piñera argumentó que su respuesta a las protestas mapuches –aunque sin aludir directamente a estos– buscaba “enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”.

El decreto autoriza al Ejército a realizar tareas de vigilancia y patrullaje de las calles en conjunto con las otras fuerzas de seguridad (Policía de Investigaciones y Carabineros), así como atender el tránsito, controlar la entrada y salida de personas a la región, e intervenir en manifestaciones en lugares públicos.

Esta escalada de tensiones se enmarca en una crisis que no es nueva en Chile y que tiene como cuestión de fondo el problema de la tierra y su tenencia.

Una herencia colonial, que pasa por la ocupación a la fuerza de tierras de los mapuches desde el Estado durante el siglo XIX, un suceso reconocido por la historiografía oficial del país como la 'Pacificación de Araucaína'. Un proceso que terminó siendo un expolio de tierras a los pueblos originarios que terminaron marginalizados.

Ya durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y la implementación de un amplio programa de políticas neoliberales, se extendió la presencia de empresas forestales en la región, y con esto más recientemente, la extracción y robo de madera en territorios indígenas.

Aunque desde 1993 existe una normativa que creó la Corporación de Desarrollo Indígena, entidad que en teoría debería atender el problema en la región, en la práctica no ha dado respuesta a las comunidades, lo que mantiene el ciclo de reclamos desatendidos, protestas y represión estatal.

“Existe un temor profundo a asumir este conflicto de una forma seria y la derecha lo reemplaza por la política del garrote (...) la reivindicación territorial va a seguir y esto no debiera tener un resultado de más violencia o más confrontación, la guerra a nadie le conviene”, declaró en una entrevista a la agencia EFE, Héctor Llaitul, miembro de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

El gobierno ha señalado de “terroristas” a organizaciones como la CAM tras incidentes de destrucción de maquinaria de grandes empresas forestales, denunciadas por explotar y causar daños sociolambientales en las tierras mapuches.

Mientras que sectores conservadores han respaldado la militarización de la macrozona sur, desde la oposición y el movimiento de indígenas se han lanzado duras críticas, señalando que esto solo enrarecerá aún más la crisis y abrirá el espacio a posibles violaciones a los derechos humanos como las ocurridas durante el estallido social de 2019. Una situación que no es nueva en el conflicto mapuche.

“Le manifestamos al gobierno regional nuestro rechazo al estado de emergencia (...) esta medida pasa por alto los dictámenes de la Contraloría (General de la República de Chile) y profundiza la violencia, siendo el gobierno cómplice del desarrollo forestal que destruye los territorios”, manifestó Manuela Royo Letelier, convencional de la constituyente de Chile, creada en julio pasado tras un referédum y que discute la elaboración de una nueva carta magna.

Se espera que dentro de ese debate, en donde también hay representantes elegidos mapuches, se trate el problema de la tierra y las comunidades indígenas.