La mayor ciudad de la frontera sur de México, Tapachula, emplea a migrantes que quedaron varados por las restricciones del presidente de Estados Unidos,...
- 06/04/2009 02:00
- 06/04/2009 02:00
No estábamos, pues, blindados como pregonaba hasta hace poco el iluso ministro de Hacienda de Colombia. Llegaron –y de qué forma– las vacas flacas. Las últimas cifras han pulverizado la peregrina tesis de que la crisis mundial sería benigna con el país. Y no deja de ser tristemente irónico, aunque no del todo inexplicable, que la economía de verdad blindada sea la de la coca.
Los mercados se desploman y las empresas se quiebran, pero el negocio ilegal sigue boyante y campante. A pesar de fumigaciones, persecuciones y extradiciones, el “oro blanco” colombiano mantiene su precio y rentabilidad. Y su impresionante capacidad de producción, como lo demuestran las tres y media toneladas de cocaína incautadas hace menos de un mes en Buenaventura, al sur del país.
Mientras los expertos debaten si hemos entrado o no en recesión, lo que hay que preguntarse en situaciones como la actual es qué otros traumas va a causarle a Colombia este fenómeno. Porque su impacto sólo podrá ser aún más notorio. Basta ver lo sucedido con las “pirámides” en zonas donde se concentran los cultivos ilícitos como Cauca, Putumayo y Nariño. No es casualidad que las DMG y DRFE se hayan originado allí, ni que hayan distorsionado de tal manera la economía local. Para no hablar de sus repercusiones en la política nacional colombiana (como lo sugiere la polémica sobre aportes de DMG a la recolección de las firmas reeleccionistas).
En esos departamentos del sur del país, que “gozan” además de notable presencia guerrillera y paramilitar, el dinero circulante empezó a fluir hacia estos esquemas ilegales de captación. Y unas economías construidas sobre la coca se lavaron con otras construidas sobre el espejismo de las ganancias exorbitantes de las “pirámides”. Ahora, con su estrepitoso derrumbe, miles de damnificados regresarán a ganársela como “raspachines”, cultivadores, asalariados de grupos paramilitares y guerrilleros, o en otros oficios varios que ofrece la economía subterránea.
Apenas un fresco ejemplo regional de su impacto social y político. Como si faltaran. Como si los reciclados grupos narcoparamilitares; la “parapolítica”; la distorsión de la economía legal; el saqueo de presupuestos municipales; la infiltración de la fuerza pública y demás muestras de su capacidad de contagio, violencia y corrupción no fueran harto conocidos. Mal que Colombia padece hace 30 años. Pero que puede volverse más incontrolable y dañino en situaciones de crisis económica. Momentos en los que habría que prever lo que se viene y cómo blindar al país y a sus instituciones de mayor corrosión y contagio. Difícil, cuando el Gobierno colombiano tiene desvelos más personales y por ningún lado se vislumbran remedios realistas.
El Plan Colombia, eficaz en contrainsurgencia, no le hizo mella al narcotráfico. De Estados Unidos no cabe esperar más porque ahora lo preocupa México. Europa está en lo suyo y cada vez menos interesada en el embrollo colombiano. Y el vecindario poco ayuda. La receta no saldrá, en ningún caso, de medidas internas tan inocuas y francamente absurdas como la penalización de la dosis mínima, que parece se ha convertido en “punto de honor” para el presidente Álvaro Uribe. Difícil creer que con esta escasez de recursos, con juzgados desbordados, agendas legislativas de verdad urgentes y tantas lecciones internacionales en la materia, se insista en gastarle energía y presupuesto a este despropósito.
Mientras sea ilegal, estarán garantizadas la rentabilidad de la economía de la droga y las mafias que la sostienen a sangre y fuego. Y mientras la legalización siga siendo inviable y lejana, se seguirá –unos más que otros– con la fórmula de guerra y prohibición, que lleva décadas de fracaso. Porque su énfasis represivo le hace el juego a la lógica del negocio. El Congreso de Colombia, que pronto discutirá el terco proyecto del gobierno Uribe, podría mirar hacia el Congreso de Estados Unidos, que se apresta a confirmar al zar antidrogas del gobierno Obama. Un hombre llamado Gil Kerlikowske, veterano y alabado ex jefe de la Policía de Seattle, quien siempre dejó en claro que dedicarse a perseguir delitos menores de droga no puede ser prioridad. Habría que entenderlo para, por lo menos, no agravar las cosas.