Colombia: del ‘Jaque’ a los falsos positivos

PANAMÁ. Cuando el pasado 2 de julio el Ejército colombiano logró rescatar a la ex candidata presidencial Ingrid Bethancourt y 14 personas más de manos de las FARC, en un espectacular operativo que se denominó “Operación Jaque”, se produjeron apasionados elogios a nivel mundial hacia las Fuerzas Armadas y el Gobierno colombianos. El presidente Álvaro Uribe llegó a alcanzar un 92% de popularidad y su segunda reelección era casi un hecho. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, recibió panegíricos provenientes de todas las latitudes e inclusive se le vio como el sucesor natural de Uribe en caso de que éste decidiera no ir por un tercer mandato. Por último, el comandante del Ejército, Mario Montoya, alcanzó la gloria militar tras liderar la operación más exitosa de la historia colombiana. La “Operación Jaque” fue un éxito hasta para el entonces candidato presidencial en EEUU, John McCain, quien se encontraba de visita ese día en Colombia y vio en directo los frutos de su incondicional apoyo al Plan Colombia. Antes de irse, McCain aseguró a Uribe que bajo su Gobierno, el TLC estaría más que garantizado.

Pero no todos fueron elogios. Algunas personalidades y medios de comunicación resaltaron algunos aspectos “extraños” de la operación, entre ellos el uso fraudulento de insignias de la Cruz Roja. La agencia IPS, en un reporte titulado “El general al que se abrazó Ingrid”, llamó la atención, entre otras cosas, sobre “el hallazgo en 2007 de una fosa común en el departamento de Putumayo, con restos de más de 100 víctimas asesinadas durante el mismo período en que Mario Montoya lideró la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur (Joint Task Force South)”. En aquellos gloriosos momentos, esas víctimas halladas en Putumayo eran consideradas por el Gobierno como “guerrilleros vestidos de civil”.

Cuatro meses han pasado, y una serie de eventos negativos para el Gobierno colombiano han cambiado el panorama por completo. Primero fue el enfrentamiento del presidente con su propio órgano judicial, un asunto que muchos entendieron como un intento de proteger a personajes cercanos a Uribe que tenían demostrados nexos con grupos paramilitares. El 16 de octubre, la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe en el que –coincidencia o no— acusó al Gobierno de “obstaculizar la justicia”. Semanas después, el 28 de octubre, el otro gigante de los derechos humanos, Amnistía Internacional, se sumaba a HRW y reportaba que “la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos a los DDHH” y pedía a EEUU y otros países que “suspendan la ayuda militar a Colombia hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad”. Uribe se pasó el mes de octubre descalificando a estas organizaciones, al punto de decir que a José Miguel Vivanco, director para América de HRW, “le habían perdido el respeto en Colombia hace tiempo” y que Amnistía Internacional no era “nadie para enseñarle de derechos humanos” a él. Una semana después, Barack Obama –crítico del TLC precisamente por las violaciones a los derechos humanos— dejaba KO a John McCain en las elecciones de EEUU. Quizá entonces Uribe, Santos y compañía se empezaron a preocupar.

Hoy, víctimas como las encontradas en Putumayo son conocidas como “falsos positivos”: civiles inocentes que son asesinados para luego hacerlos pasar por guerrilleros. El escándalo que han generado ya ha alcanzado a casi una treintena de oficiales del Ejército –entre ellos tres Generales—, que fueron destituidos el 29 de octubre, y al mismo general Montoya, héroe del rescate de Betancourt, que presentó su renuncia hace poco más de una semana. Horas después de su renuncia, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU (cuyo presidente es Joe Biden, vicepresidente electo) determinó que el Plan Colombia fracasó en algunos de sus objetivos. Sin embargo, el Senado norteamericano reconoció que Colombia “mejoró su clima de seguridad”.

¿Por qué recurrir a falsos positivos? En una columna para la revista Semana, el periodista Juan Diego Restrepo lo explica al decir que “las guarniciones militares (...) fueron formadas (...) para presentar resultados en la guerra. Y justo una de las estrategias para lograrlo es recurrir a las ejecuciones extrajudiciales y mostrar avances operacionales satisfactorios en su lucha contra las guerrillas”. En el caso colombiano, paradójicamente, el empeño del presidente Uribe en su lucha contra la guerrilla terminó convirtiéndose en el incentivo para que algunos militares —ante a las exigencias de mostrar resultados— mostraran de esta manera su eficacia y eficiencia ante sus superiores. Son precisamente esos “resultados” los que permiten al Senado norteamericano concluir que Colombia “mejoró su clima de seguridad” y así aprobar los más de 500 millones de dólares anuales que recibe el país de parte de EEUU.

Sí, los números son fríos.