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- 25/10/2025 00:00
Las reformas aprobadas obligan a transparentar los ingresos de las entidades y a publicar cada gasto en consultorías, con supervisión del MEF. El pleno respaldó las modificaciones a los artículos 277, 298 y 367
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 293, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de $34,901 millones. La votación incluyó la adopción de artículos específicos, tras una jornada de intensos intercambios sobre temas de transparencia, control y uso de fondos públicos.
Las reformas aprobadas se centraron en los artículos 277, 298 y 367, mientras que todas las demás propuestas fueron rechazadas. El secretario general del Legislativo confirmó al cierre de la sesión: “El resto de las propuestas han sido rechazadas”.
La primera modificación, con el artículo 277, aprobada establece que los ingresos generados por las entidades públicas deberán incorporarse íntegramente al Presupuesto General del Estado. Esta norma busca evitar el manejo discrecional de recursos propios y mejorar la trazabilidad del gasto público.
El proyecto de ley prohíbe el uso de estos fondos para pagar planillas, contratos o alquileres, salvo autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. También exceptúa a organismos no gubernamentales como clubes de padres de familia, asociaciones de docentes y comités de salud, así como los ingresos que generen las universidades y escuelas por venta de servicios concesionados.
La reforma obliga a que toda institución científica o tecnológica que reciba fondos nacionales o extranjeros incorpore los activos y gastos derivados al cierre de cada ejercicio fiscal.
Consultorías y contratación
Otra de las reformas avaladas fue al artículo 298 que regula la contratación de consultorías, mediante una versión consensuada presentada por los diputados Ernesto Cedeño, José Pérez Barboni, Grace Hernández y Eduardo Vázquez.
La disposición ordena que toda consultoría siga los procedimientos de la Ley de Contrataciones Públicas y cuente con certificación previa del MEF sobre la disponibilidad de fondos. Además, si el contrato se extiende por más de un año fiscal, la entidad contratante deberá incluir las partidas correspondientes en los presupuestos futuros.
Los pagos se harán parcialmente contra informes de avance, y el desembolso final solo se autorizará tras la aprobación del producto entregado.
El artículo también ordena publicar mensualmente, en formato de datos abiertos, los reportes de gastos y resultados de las consultorías. El monto total anual para este tipo de contrataciones no podrá superar el 4% del presupuesto institucional, salvo autorización expresa del MEF.
La tercera modificación aprobada exceptúa a las empresas Metro de Panamá, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), Tocumen, S.A., y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones Públicas en casos de urgencia notoria.
El beneficio solo aplica cuando el monto de la contratación sea inferior a $500,000 y no podrá acumularse por proveedor o tipo de servicio. Cada entidad deberá elaborar un reglamento especial aprobado por su junta directiva y la Contraloría General, el cual será publicado en Gaceta Oficial.
El objetivo, según los proponentes, es agilizar respuestas
Propuestas rechazada
Una de las más discutidas fue la presentada por la diputada Alexandra Brenes, que buscaba prohibir el uso de fondos públicos para pagar celulares, planes de datos o servicios personales de comunicación a funcionarios. Argumentó que el Estado podría ahorrar 4.3 millones de dólares anuales.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió el rechazo de la propuesta señalando que “no todos los servidores tienen los recursos para costear esos medios, y muchos los necesitan para cumplir sus funciones”.
Tampoco fue aprobada la reducción de viáticos para misiones oficiales al exterior ni la obligación de publicar los listados detallados de cada viaje. Igualmente se rechazó el intento de limitar las dietas de juntas directivas a $300 mensuales y de establecer que todos los funcionarios viajen en clase económica, salvo los altos cargos en trayectos mayores de tres horas.
En el bloque de control y contratación, también se descartaron varias propuestas de los diputados Cedeño y Brenes.
Brenes propuso una versión más restrictiva del artículo 298, con un tope de 0.5% del presupuesto de funcionamiento para consultorías y la obligación de justificar la falta de personal interno para realizar la tarea. Además, buscaba crear un Registro Único de Consultorías y limitar su número anual a cinco por institución.
Cedeño, por su parte, planteó que los honorarios por servicios profesionales y técnicos no superaran los $3,000 mensuales y que el gasto total de esta partida no excediera el 1% del presupuesto institucional.
Otra de sus propuestas prohibía el uso de fondos públicos para seguros privados de salud o vida a favor de servidores públicos. “El que quiera seguro, que lo pague con su plata”, enfatizó el diputado durante el debate.
También fueron rechazadas las reformas al control previo de la Contraloría y las que buscaban que las acciones de personal de las superintendencias fueran revisadas por el MEF. Tampoco prosperó la propuesta que limitaba los bonos de incentivo fiscal a un mes de salario base.
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