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Trump intensifica su ofensiva marítima: diez bombardeos en el Caribe y el Pacífico desatan tensión regional
- 25/10/2025 00:00
La campaña militar de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico ha escalado con una intensidad inédita. Con el más reciente ataque confirmado este viernes 24 de octubre, ya se cuentan diez bombardeos desde inicios de septiembre, la mayoría en el Caribe y, en días recientes, en el Pacífico suramericano.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que los operativos buscan neutralizar “amenazas marítimas vinculadas al tráfico de drogas y al terrorismo”, aunque no presentó evidencias que respalden la identidad de los objetivos. En conjunto, los ataques habrían dejado más de 35 muertos.
Donald Trump, en su discurso más reciente, defendió que no requiere autorización del Congreso para continuar o ampliar la ofensiva. Alegó que su prioridad es “proteger al pueblo estadounidense de los cárteles que operan libremente en el mar”. La declaración refuerza su visión de que el narcotráfico constituye una forma de guerra asimétrica y que el Ejecutivo tiene margen para actuar sin aprobación legislativa.
El primer ataque ocurrió a inicios de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha rápida frente a las costas venezolanas, presuntamente relacionada con el grupo Tren de Aragua. En las semanas siguientes, Washington anunció nuevos bombardeos en distintos puntos del Caribe, atribuyendo en algunos casos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
El 22 de octubre, la ofensiva cruzó al Pacífico, con dos operaciones frente a la costa colombiana que dejaron cinco muertos y varias embarcaciones hundidas. Según fuentes de defensa norteamericanas, los ataques se realizaron con drones y aeronaves de combate desde bases en Puerto Rico y buques desplegados en aguas internacionales.
Con el golpe más reciente en el Caribe, el número de operaciones ascendió a diez. En al menos tres de ellas, las grabaciones difundidas por el Pentágono muestran embarcaciones detenidas o sin aparente resistencia, lo que ha desatado cuestionamientos sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza.
El presidente Gustavo Petro condenó los bombardeos y los calificó como “asesinatos sin juicio”. Su gobierno presentó notas diplomáticas a Washington y anunció gestiones ante organismos internacionales para exigir una investigación sobre las muertes de ciudadanos colombianos en aguas caribeñas.
Por su parte, el ELN rechazó las acusaciones de narcotráfico y aseguró que sus estructuras “no poseen embarcaciones ni participan en rutas marítimas ilícitas”. El comunicado busca deslindar responsabilidades y evitar que Colombia sea arrastrada a una escalada militar.
En Venezuela, Nicolás Maduro denunció la ofensiva como un “acto de agresión imperial” y ordenó el despliegue de unidades navales en el Caribe oriental. Su cancillería elevó una queja formal ante la ONU, advirtiendo que cualquier incursión en aguas jurisdiccionales será respondida “con la defensa legítima de la soberanía”.
El gobierno venezolano, además, ha intentado aprovechar políticamente el conflicto, presentándose como víctima de la expansión militar estadounidense y fortaleciendo su narrativa nacionalista de resistencia frente a Washington.
El secretario de Estado Marco Rubio ha sido uno de los arquitectos del relato que sustenta la ofensiva. Desde el inicio de la operación, ha descrito a los cárteles como “organizaciones narco-terroristas” y ha defendido la necesidad de neutralizarlas antes de que sus rutas alcancen las costas estadounidenses.
Rubio, de ascendencia cubana y con fuerte influencia en la política latinoamericana de la administración Trump, ha mantenido contacto con gobiernos aliados del Caribe y América Central para garantizar apoyo logístico e inteligencia. Su discurso, centrado en la “seguridad hemisférica”, busca legitimar las acciones de Washington ante el creciente descontento regional.
La Casa Blanca sostiene que los ataques se enmarcan en el derecho de defensa nacional frente a amenazas transnacionales. Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que la doctrina estadounidense de “conflicto no internacional” carece de base jurídica sólida fuera del territorio nacional y podría vulnerar normas humanitarias.
En el plano operativo, la estrategia ha trasladado al Caribe tácticas antes utilizadas en Medio Oriente: drones armados, misiles de precisión y ataques preventivos sin identificación previa del enemigo.
Analistas latinoamericanos alertan que esta militarización del mar Caribe aumenta el riesgo de incidentes con armadas nacionales y de un deterioro diplomático con Bogotá y Caracas. Además, subrayan que el narcotráfico marítimo representa una fracción menor del flujo total de drogas hacia Estados Unidos, por lo que el impacto real de la ofensiva sería más político que efectivo.
A la fecha, el saldo de la operación se mide en lanchas destruidas y tensiones diplomáticas, más que en avances comprobables contra el narcotráfico. Mientras Trump celebra la campaña como un símbolo de “fuerza y determinación”, América Latina observa con preocupación una escalada que podría alterar el equilibrio regional.
Si las incursiones se extienden a objetivos en tierra firme —como insinuó el propio mandatario—, la ofensiva marítima podría transformarse en un nuevo frente de conflicto hemisférico con consecuencias impredecibles para la estabilidad y el derecho internacional.