Marco Rubio anuncia que Estados Unidos impulsará el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes 13 de julio una campaña diplomática para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI) y presionar a los aliados de Washington para que el organismo —considerado uno de los principales referentes de la justicia internacional en la persecución de los crímenes de lesa humanidad— deje de existir. El jefe de la diplomacia estadounidense sostiene que la Corte socava la soberanía de su país.

“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio en un comunicado citado por la agencia EFE.

La campaña diplomática consistirá en contactar a embajadores y altos funcionarios de países aliados para exponer lo que Washington considera “los abusos” de la CPI e impulsar un boicot al tribunal mediante el retiro de los Estados miembros. Rubio advirtió, además, que habrá un “mayor escrutinio de las naciones que se niegan a rechazar la supuesta autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia de Estados Unidos”. Asimismo, calificó al organismo como un árbitro global “sin rendición de cuentas”.

Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, ya que no ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal. No obstante, la Corte mantiene abiertas investigaciones relacionadas tanto con Estados Unidos como con algunos de sus principales aliados en política exterior.

Entre ellas figura la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de guerra por parte de personal estadounidense en Afganistán. Además, la CPI mantiene una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien señala como presunto responsable de los crímenes de guerra de “utilizar el hambre como método de guerra y dirigir deliberadamente ataques contra la población civil”, así como de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, presuntamente cometidos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024, según el sitio web del tribunal.

En un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal, Rubio aseguró que la CPI está respaldada y dirigida “por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos”. Asimismo, afirmó que la Corte, junto con otros organismos de Naciones Unidas, tergiversa los hechos relacionados con el conflicto con Hamás y otros asuntos de Oriente Medio. A su juicio, las acciones judiciales contra funcionarios israelíes constituyen una advertencia de lo que la CPI podría hacer en el futuro con dirigentes y militares estadounidenses.

El secretario de Estado también subrayó que Estados Unidos cuenta con un sistema propio de justicia militar, integrado en su democracia constitucional, que tiene tanto el derecho como la capacidad de investigar las presuntas conductas indebidas de sus fuerzas armadas sin la intervención de tribunales internacionales.

La Casa Blanca impuso en diciembre de 2025 sanciones contra los magistrados de la CPI Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, por “participar directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, incluyendo el voto con la mayoría a favor de la decisión de la CPI contra la apelación de Israel del 15 de diciembre”.

Otra de las sancionadas fue la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez, quien declaró en una entrevista con la BBC que las medidas impuestas por Washington le impiden utilizar tarjetas de crédito y enviar dinero a su país.