Juzgado ordena al Estado a pagar

BOGOTÁ. Un juez condenó al Estado colombiano a pagar una multa millonaria con el objetivo de indemnizar a los familiares de las víctimas de la masacre de Chengue (Sucre, noroeste), en la que un grupo de cerca de 80 paramilitares asesinó en 2001 a 27 personas, informó el diario El Tiempo.

El titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, capital de Sucre, consideró que “hubo omisión de la fuerza pública en los hechos”, por lo que sancionó al Estado con el pago de 2,500 millones de pesos (1.25 millones de dólares), que se repartirán entre 195 familiares.

Según el juez, la Policía y la Infantería de Marina no protegieron a la población ante el desplazamiento de un grupo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que el 16 de enero de 2001 asesinó a 27 campesinos en Chengue, aldea rural de la localidad de Ovejas, más de 800 kilómetros al norte de Bogotá.

Además, ese juez sostiene que las autoridades favorecieron la entrada y salida del pueblo de los paramilitares del bloque “Héroes de los Montes de María” de las AUC.

Las investigaciones han revelado que cerca de un centenar de hombres al mando del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, irrumpieron en Chengue de madrugada y obligaron a toda la población a salir de sus casas y reunirse en el parque.

Según la información recogida por las autoridades, mientras algunos de los vecinos recibían mazazos en la cabeza, un grupo de paramilitares incendió 32 de las 75 viviendas de la localidad.

El juez ordenó también que se levante un monumento en memoria de las víctimas de la masacre de Chengue, tal y como se hizo el pasado mes de julio en Mapiripán.

Las AUC se disolvieron a mediados de 2006 tras desmovilizar a más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Al tanto, la policía informó ayer que capturó a tres hombres sospechosos del asesinato de 12 indígenas awá ocurridos el 26 de agosto en un resguardo del suroeste de Colombia, el último caso de violencia en contra de indígenas registrado en el país y el cual en un principio se creyó ser obra de paramilitares.

El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, quien declaró que los aprehendidos son indígenas de la misma etnia y supuestamente pertenecen a una banda delincuencial denominada “Los Cucarachos”.