Intentando enterrar el pasado

PANAMÁ. En el año 88 a. C. Lucio Cornelio Sila, el cónsul de aquel año, marchó con sus legiones sobre la ciudad de Roma. Era la primera vez que un general romano utilizaba su propio ejército contra su pueblo. Lo que siguió fue una horrible dictadura en la que murieron cientos de romanos.

Casi 20 siglos después, el ejército chileno tomó su propio país, bombardeó su propio palacio presidencial, y asesinó al presidente que su propio pueblo había elegido. Era el 11 de septiembre de 1973. Augusto Pinochet, uno de los responsables de aquel acto, instauró una dictadura que duró 17 años y permaneció siendo un referente en su país —inmunidad incluida— hasta 1998, cuando fue arrestado en Londres.

Diez años y 3,000 asesinatos (“desapariciones”) después, el ejército chileno, ese que durante 17 años subyugó al pueblo al que debía servir, empieza a liberarse de la sombra de su turbio pasado. A pesar de que la democracia retornó a Chile en 1990, las Fuerzas Armadas del país andino totalizaron un cuarto de siglo al mando del General Pinochet. No fue sino hasta que este se desvinculó de ellas que pudieron iniciar un proceso de redención y reconciliación con el pueblo chileno, proceso que si bien ha avanzado, todavía necesita de algo más para completarse.

A pesar de que una gran cantidad de juicios (aunque pocos condenados), grandes interrogantes permanecen en la mente de muchos chilenos acerca del papel del ejército en las atrocidades cometidas durante la dictadura. Muchos chilenos aún piden justicia, y sus voces son ignoradas. “El peso de la historia es grande”, admite José Goñi, ministro de Defensa chileno, en declaraciones a la revista The Economist, “pero las nuevas generaciones no pueden cargar con la responsabilidad”. De hecho, solo seis miembros actuales del ejército servían al momento del golpe de 1973. “Si el ejército quiere ser completamente aceptado en la democracia chilena deberá hacer un gran esfuerzo para aclarar todos los interrogantes de su pasado”, asegura el General Óscar Izurieta, “las Cortes deben hacer su trabajo, y el pueblo tiene todo el derecho de mantener el debate abierto hasta que la justicia se haya hecho”.

En estos diez años, el ejército chileno ha dedicado sus esfuerzos a intentar reconciliarse con la población. Ha ayudado y asistiado en desastres naturales, ha utilizado sus hospitales y servicios médicos en regiones remotas, y ha intentado acabar con su aislamiento social enviando cadetes de la academia militar de Santiago a cursar materias en universidades civiles.

Pero el camino a la reconciliación está lejos de terminar: muchos chilenos cuestionan inclusive la existencia del ejército, al cual consideran una tentación demasiado grande para cualquier con poder y ambición desmedida.

Pero a pesar de que un gran sector de la población aún cuestiona la necesidad de un ejército de 40,000 personas para un país de 16 millones de habitantes, los planes y el rol del ejército chileno deben ser definidos basándose en las necesidades futuras, no en los errores del pasado. El pueblo chileno merece que la historia no se vuelva a repetir.