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- 28/07/2019 21:28
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El presidente de Perú dio este domingo un golpe de autoridad ante el Congreso y se mostró dispuesto a recortar su mandato en un año, tras considerar que las reformas políticas que presentó para combatir a la corrupción en su país no han sido aprobadas tal como las planteó ante el Legislativo.
En un escenario cargado de rumores ante la tensión permanente entre el Ejecutivo y el Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, Vizcarra sorprendió a todos al proponer que se adelanten para el próximo año las elecciones generales que debían celebrarse en 2021, el año del bicentenario de la independencia.
"Propongo una salida a esta crisis institucional y presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio de 2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha", informó.
Vizcarra hizo su anuncio en la parte final del mensaje anual ante el Congreso por el aniversario de la Independencia de Perú, con lo que motivó interrupciones de la bancada de Fuerza Popular, algunos de cuyos miembros incluso lo llamaron "dictador".
Sin embargo, el mandatario enfatizó que ha tomado esa decisión "en el marco del respeto irrestricto de la Constitución", por lo que su propuesta deberá primero ser aprobada por el Legislativo y sometida a un referéndum, a pesar de que son mayoritarias las voces ciudadanas que le han pedido "que cierre el Congreso".
"La voz del pueblo tiene que ser escuchada, por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum", enfatizó antes de admitir que plantea esa medida "aunque ello implique que todos nos tenemos que ir".
El anuncio, que ha desatado gran polémica en el país, le puso el colofón a un discurso anual que durante su primera hora revisó los logros de gestión y las leyes del Ejecutivo para incentivar el crecimiento económico y lograr una mayor productividad.
Vizcarra dijo que asumió el Gobierno en una "grave crisis política y un escenario de zozobra institucional", tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y que ha liderado "una transición ordenada y pacífica dentro de los cauces legales y constitucionales".
Recordó que el FMI ha ajustado "a la baja el crecimiento internacional", que será en América Latina de solo 0,6 % para este año, mientras que para Perú ha proyectado un 3,5 % que supera "el promedio mundial".
El gobernante anunció, en ese sentido, que su Gobierno promulgó este domingo el Plan de Competitividad y Productividad 2019-2030, que conlleva medidas para promover la diversificación productiva y facilitar la inversión, con el objetivo de que la economía nacional logre tasas de crecimiento mayores al 5 % anual.
También se ha publicado el Plan Nacional de Infraestructura y se ha aprobado la Política de Inclusión Financiera, mientras que se propondrá al Congreso una nueva Ley de Minería, porque la norma actual "tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla".
Vizcarra enfatizó que esa nueva ley, sobre la que no dio mayores detalles, buscará establecer "un marco legal claro" para los inversionistas y los ciudadanos, en medio de los conflictos socio-ambientales por que se presentan en el sur del país.
Ofreció luego un recuento de los proyectos para mejorar la red de caminos, los aeropuertos, la igualdad y lucha contra la violencia hacia la mujer, la educación y la salud, en la que anunció que planteará al Congreso el "acceso universal en salud para todos los peruanos, independientemente de la condición socio-económica".
Sin embargo, el balance de lo hecho y sus propuestas de lo aún por hacer quedaron de lado cuando abordó la lucha contra la corrupción que, según dijo, "carcome las bases del Estado".
Vizcarra sostuvo que los seis proyectos de reforma política sobre los que el Ejecutivo planteó una cuestión de confianza en junio pasado han sido aprobados por el Congreso, pero con cambios que lo llevan a concluir que esa confianza no ha sido ratificada.
Se refirió, de manera específica, a la reforma sobre la inmunidad parlamentaria, que fue aprobada pero manteniendo en la práctica las prerrogativas del Congreso sobre ese tema, a pesar de que el Gobierno había pedido que quede a cargo de la Judicatura.
"Nos preocupa que el Congreso haga caso omiso al clamor ciudadano, manteniendo esta competencia en sus fueros", remarcó ante las protestas de la oposición, a la que respondió que ha "recorrido el país de punto a punto" y que "no hay lugar donde no haya recibido el reclamo de: presidente cierre el Congreso".
Enfatizó que, a pesar de ello, decidió "poner nuevamente por encima de todo los intereses de Perú" y proponer "a este Parlamento, quizá su mayor reto en todo su período", con la aprobación del adelanto de elecciones, una propuesta que ya le ha generado duras críticas de fujimoristas y conservadores, así como el respaldo de oficialistas, liberales e izquierdistas, en guerra abierta desde que comenzó el actual régimen, en julio de 2016.