Rio de Janeiro, militarizada: Seguridad, elecciones y represión

Rio de Janeiro es sinónimo de hermosas playas, samba, el carnaval, y últimamente, de tanquetas junto a unos 3,200 efectivos de las Fuerzas Armadas del país.

La reciente militarización del estado de Rio por el presidente Michel Temer, ha hecho saltar las alarmas y despertar enormes suspicacias sobre la eficacia, justificación y motivaciones, para el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna.

La principal razón del Ejecutivo brasileño, son los altos niveles de inseguridad que vive el estado de Rio.

Solo el año pasado, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP), se reportaron 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes —unos 6,723 muertos por año—, un retroceso que vuelve a los registros de la década anterior, cuando en el 2009 la tasa de muertes violentas era de 44.9 por cada 100 mil habitantes —7,106 muertos—.

Para tener una idea, de acuerdo con el PNUD, es considerado una ‘epidemia' cuando la tasa de homicidios alcanza las 10 muertes por cada 100 mil habitantes.

A esto se suma un aumento de la ola de robos y asaltos en el estado.

Pese a los graves problemas de la violencia que azota el país, el despliegue militar en Rio es visto con recelo y preocupación por diferentes sectores de la sociedad brasileña.

La medida tomada por Temer y aprobada luego por el Congreso, es la primera en escala federal desde la promulgación de la Constitución de 1988, que derogó la creada por la dictadura militar.

‘El crimen organizado casi se ha hecho con el control de Río de Janeiro. Es una metástasis que se esparce por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo', ha dicho Temer, para justificar su decisión; sin embargo, esto no ha apagado la polémica sobre la militarización, que desde la oposición se le acuse de tener visos de inconstitucionalidad y evocar los tiempos más oscuros del régimen militar brasileño.

A partir del decreto gubernamental, todas las direcciones civiles y policiales de Rio estarán bajo el mando de un general del Ejército, en cuya jurisdicción estará la policía militar y civil, los bomberos, la administración penitenciara, entre otros estamentos.

‘MANO DURA' EN LAS FAVELAS

Aunque este tipo de intervención militar es inédita en su aplicación federal para un estado, no es nueva para los barrios pobres de Rio, que en muchos casos reciben con miedo la llegada de los soldados a las favelas.

Atrapados entre la pobreza sistémica y la violencia de las bandas del narcotráfico, es común las denuncias de abusos policiales y militares en las favelas, donde la población sobrevive a la criminalidad como a la violencia de las fuerzas de seguridad pública.

Una de las últimas intervenciones del ejército ocurrió en la favela Rocinha, en septiembre del año pasado.

Con sus más de 69 mil habitantes, es un icono de la escandalosa desigualdad que vive Brasil, al estar a ubicada entre la lujosa São Conrado y el barrio de Leblon, zona con el metro cuadrado más caro de América del Sur.

Hasta el momento, el enfoque de seguridad ha priorizando la ‘mano dura' sobre las favelas, aunque este no parece estar dando los resultados esperados, arrastrando no solo cuestionamientos sobre su efectividad, sino también denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.

El último informe de Amnistía Internacional (AI) presentado el 21 de febrero, condenó la violencia de los estamentos de seguridad en Río de Janeiro. Una situación señalada en informes anteriores de la oenegé, apuntando al empleo de ‘fuerza letal de forma innecesaria y excesiva', como la indefensión de las víctimas tras denunciar casos de abusos; ambos, historias largamente conocidas en los marginados barrios de Brasil.

En mayo del año pasado, una sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), condenó al Estado brasileño, por falta de investigación e impunidad ante el caso de la intervención policial en la favela Nova Brasilia, en incidentes ocurridos en 1994 y 1995.

Durante aquellas intervenciones fueron asesinadas 26 personas, registrándose además abusos sexuales de agentes policiales contra mujeres del barrio, incluyendo menores de edad.

Mientras avanza el operativo militar de Temer, arrecian las criticas contra la medida.

La Defensoría Pública del Estado de Rio de Janeiro, acusó al Ejército de violar derechos fundamentales, al elaborar ‘fichajes' con fotos e información de los habitantes de las favelas.

La Defensoría explicó en un comunicado, que el ordenamiento jurídico brasileño establece que el abordaje a las personas, debe realizarse cuando haya razones concretas y objetivas para sospechar de que un individuo esté portando un bien ilegal o en la práctica de un delito.

‘El hecho de vivir en una comunidad pobre no es razón suficiente para (levantar) ese tipo de sospechas', indicó la Defensoría.

La institución mostró además, su ‘extrema preocupación' por la falta de transparencia en la incursión, al recibir denuncias de expulsión de periodistas donde se realizaban los operativos.

CORRUPCIÓN Y ELECCIONES

El escenario, de por si complicado, lo es aún más con la crisis financiera que vive el Estado de Rio de Janeiro, ligado a su vez a las tramas de corrupción que han salpicado a políticos y empresarios en el gigante sudamericano.

Los gobernadores y miembros del parlamento de Rio de los últimos 19 años se encuentran en prisión o investigados por casos de corrupción. En su mayoría miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), colectivo del presidente Temer.

Un enrevesado panorama político, al que se le suma las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de octubre.

Para Ignacio Cano, investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), la militarización es una media ‘político-partidista'.

En una entrevista concedida al diario Brasil de Fato , el doctor en sociología y profesor adjunto de la UERJ, sostiene que la decisión no tiene que ver con una visión de seguridad, sino con las elecciones de octubre.

Por el momento, Temer, que mantiene un índice de impopularidad en más de un 74% según el más reciente sondeo del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadísticas, ha rechazado hasta el momento tener intenciones de correr a la presidencia.

En opinión de Cano, las principales razones de la intervención estarían vinculadas a la falta de ‘legitimidad' del mandatario ante la población.

‘No podemos olvidar que estamos en un año electoral y que Brasilia y Río están gobernadas por el PMDB, gobiernos sin ninguna legitimidad y objeto de graves acusaciones, tanto en el ámbito estatal como en el federal (...) El problema de la seguridad pública en Río no es de ahora, es un problema estructural y no se resolverá de esta forma', subraya el profesor universitario.

Algunos analistas plantean que el PMDB está despejando el panorama para los comicios de octubre, con o sin Temer como candidato.

Actualmente la mayoría de las encuestas colocan al expresidente de izquierdas, Lula Da Silva, a la cabeza de la intensión de voto, seguido por Jair Bolsonaro, exmilitar y parlamentario de extrema derecha.

Por el momento Lula estaría fuera de la contienda, al haber sido condenado en segunda instancia por corrupción; un fallo considerado por los partidarios de líder del Partido de los Trabajadores (PT), de estar ‘motivado políticamente' para sacarlo de la pugna presidencial.

Mientras tanto, Bolsonaro, cuya principal bandera ha sido la ‘mano dura' a la criminalidad a través de la fuerza policial-militar, criticó a Temer asegurando estar de acuerdo con la intervención pero no ‘de la forma' como la desarrolla el mandatario.

Un posible desplazamiento de Bolsonaro, asimilando parte de su discurso, podría abrir un mayor margen de maniobra para el PMDB y sus aliados, en busca de ampliar sus electores.

‘El crimen organizado casi se ha hecho con el control de Río de Janeiro. Es una metástasis que se esparce por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo',

MICHEL TEMER

PRESIDENTE DE BRASIL