Arrecian las críticas contra Policía india por su papel durante las protestas

La Policía del norte de la India es objeto de crecientes críticas y peticiones de investigación por su papel durante las protestas contra una enmienda legal que busca dar la ciudadanía a inmigrantes, pero excluye a musulmanes, en las que han muerto al menos una veintena de personas.

Una polémica enmienda a la Ley de Ciudadanía, aprobada hace dos semanas por el Parlamento, ha desatado protestas multitudinarias en todo el país que continuaron hoy en ciudades como la capital, donde estudiantes se congregaron en la Universidad de Delhi.

El texto pretende regularizar a los inmigrantes indocumentados procedentes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh pertenecientes a las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana y que lleven más de cinco años viviendo en la India.

La enmienda es contraria a los ideales laicos de la nación, según sus críticos, y ha disparado las alarmas por la intención del Gobierno de llevar a cabo un Registro Nacional de Ciudadanos, similar al censo que excluyó a casi dos millones de personas el pasado agosto en el estado nororiental de Assam y que los musulmanes creen que pondrá en duda su nacionalidad.

INVESTIGACIÓN DEL PAPEL DE LA POLICÍA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos india (NHRC) ha pedido cuentas al director general de Policía del estado norteño de Uttar Pradesh, O.P. Singh, por la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas que en ocasiones han terminado en enfrentamientos.

La mayoría de las 21 personas que han muerto en las dos últimas semanas fallecieron en Uttar Pradesh. Al menos cuatro fallecieron en el estado nororiental de Assam, donde las protestas tienen más que ver con el sentimiento antiinmigrante de la región.

Según la agencia local ANI, la NHRC ha pedido un informe en cuatro semanas tras recibir información sobre "violaciones a los derechos humanos por las autoridades estatales".

A la petición de la comisión estatal une la de la líder del partido Bahujan Samaj Party (BSP), Mayawati, de la comunidad "dalit" o intocable y jefa de Gobierno de Uttar Pradesh en cuatro ocasiones.

"Lo mejor sería que el Gobierno lleve a cabo una investigación adecuada sobre la mayoría de las muertes en Uttar Pradesh en la violencia tras (las protestas) contra la Ley de Ciudadanía y el Registro Nacional de Ciudadanos y ayude a aquellos que son inocentes", dijo la política en Twitter este miércoles.

VIOLENCIA EN LA PRINCIPAL UNIVERSIDAD MUSULMANA

Entre las protestas y los ocasionales choques con las fuerzas de seguridad en esa región destaca la actuación policial en la noche del pasado 15 de diciembre en la Universidad Islámica de Aligarh.

La asociación pro derechos humanos Karwan e Mohabbat (Caravana del Amor, en hindi) publicó ayer las conclusiones de una misión de investigación sobre la entrada en el campus de la Policía, que ha justificado su acción alegando por la presencia de elementos violentos en la zona durante una manifestación esa noche.

La misión, liderada por el activista Harsh Mander, concluyó que la acción policial causó unos 100 estudiantes heridos, 20 de ellos de gravedad, y 100 detenidos.

"Además de la brecha en el espacio educativo de la Universidad, también hubo violaciones desbocadas a los derechos humanos", denuncia el informe.

Karwan e Mohabbat destaca que "como resultado de la violencia en el campus, un estudiante tiene una fractura craneal con hemorragia cerebral (...) mientras que dos estudiantes presentan abundantes tejidos dañados por granadas de concusión, y una persona ha tenido que ser amputada de una mano".

Las protestas en la Universidad Islámica de Aligarh fueron una reacción a una acción policial similar esa misma noche en la principal universidad musulmana de Nueva Delhi, la Jamia Millia Islamia.

En la jornada del 15 de diciembre hubo choques entre manifestantes y la Policía en el área cercana a la universidad capitalina y esa noche, las fuerzas de seguridad entraron sin permiso en el campus y desalojaron incluso la biblioteca y los baños.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos india ha anunciado una investigación en el caso de Jamia Milla Islamia.

MODI MARCA DISTANCIAS

Tanto el primer ministro indio, Narendra Modi, como su ministro del Interior, Amit Shah, han tratado de calmar los ánimos de la minoría musulmana en los últimos días.

Modi afirmó el pasado domingo que el polémico Registro Nacional de Ciudadanos, que pretende separar a los habitantes legítimos de los ilegales en la nación asiática, no se ha tratado en ningún lugar, a pesar de que Shah ha hablado del proyecto en el Parlamento y figuraba en su programa electoral de las elecciones de mayo.

El ministro, en una entrevista en exclusiva con la agencia local ANI, afirmó que la Ley de Ciudadanía y el Registro Nacional de Ciudadanos no están en absoluto conectados.

El Gobierno destaca que la enmienda a la Ley de Ciudadanía es necesaria para dar refugio a las minorías religiosas que son perseguidas en los países vecinos de mayoría musulmana.