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- 05/11/2026 11:40
Los vínculos de Peña con el grupo propietario del banco, las inversiones de fondos jubilatorios y las acusaciones de irregularidades financieras profundizaron la crisis en Paraguay.
La crisis desatada por la intervención de Ueno Bank en Paraguay tomó una nueva dimensión este jueves 5 de noviembre, con el inicio del debate en la Cámara de Diputados sobre el juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
En declaraciones exclusivas a La Estrella de Panamá, la periodista paraguaya Silvana Coll destacó que uno de los acontecimientos más significativos es la fractura dentro del propio oficialismo, luego de que Basilio Núñez, presidente del Congreso y dirigente del Partido Colorado, exigiera públicamente la renuncia de Peña y anunciara que respaldará el proceso de juicio político.
La posición de Núñez representa un nuevo golpe político para el mandatario, cuya gestión quedó bajo cuestionamiento tras la intervención de Ueno Bank, entidad de la que fue accionista del grupo empresarial propietario hasta marzo de 2025.
Para Coll, el escenario ya no se limita a las consecuencias financieras del cierre del banco, sino que involucra directamente la estabilidad política del Gobierno y la permanencia del presidente en el cargo.
El juicio político y los señalamientos contra Peña
La Cámara de Diputados recibió ayer un libelo acusatorio respaldado inicialmente por 35 legisladores, entre opositores y disidentes del oficialismo, para impulsar el juicio político contra Peña y Alliana.
Hoy, los diputados comenzaron el tratamiento de la acusación, que contempla señalamientos relacionados con presuntos conflictos de intereses, injerencia en organismos estatales y exposición de fondos públicos a los riesgos financieros de Ueno Bank.
Entre los principales argumentos del documento figuran los vínculos empresariales que mantuvo Peña con el grupo propietario de la entidad, la designación de Carlos Carvallo —expresidente de Financiera Ueno— como titular del Banco Central del Paraguay (BCP) y las inversiones de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en el banco.
También se cuestionan supuestas modificaciones regulatorias que habrían favorecido a la entidad y operaciones crediticias con empresas vinculadas que habrían superado los límites legales.
Coll señaló que, de acuerdo con las expresiones de legisladores de distintos sectores, existirían los votos necesarios para avanzar con la acusación. Sin embargo, la aprobación requiere una mayoría de dos tercios de los diputados presentes en la sesión, por lo que el resultado dependerá de la asistencia y votación del pleno.
Otro elemento es la ofensiva que también comienza a tomar forma en el Senado, donde un grupo de legisladores anunció que presentará una denuncia penal contra Peña por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de cuestionamientos sobre el crecimiento de su patrimonio.
Estos señalamientos, que forman parte de las acusaciones políticas y judiciales surgidas a raíz de la crisis, intensificaron la presión sobre el mandatario y terminaron desencadenando su renuncia a la Presidencia de Paraguay.
Ueno Bank dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros
El origen del escándalo se encuentra en la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central del Paraguay el pasado 2 de noviembre, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.
La medida paralizó las operaciones de la entidad y dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas, tarjetas, aplicaciones y cajeros automáticos.
Uno de los aspectos más delicados, según explicó Coll, es la cantidad de recursos públicos que permanecían depositados en el banco. Se estima que la entidad custodiaba entre $800 millones y $850 millones de fondos estatales, incluidos recursos del IPS, la represa de Itaipú y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
En el caso del IPS, organismo encargado de administrar los fondos previsionales, las inversiones en Ueno Bank representan cientos de millones de dólares, lo que ha generado preocupación por el impacto que podría tener la crisis sobre los recursos de los jubilados.
La situación también derivó en acciones judiciales contra los responsables de la entidad. Ocho directivos fueron detenidos, mientras que las autoridades investigan posibles irregularidades financieras, estafa y lesión de confianza.
Protestas y presión sobre el Gobierno
Mientras avanza el proceso político, las calles de Asunción se han convertido en escenario de manifestaciones de ahorristas y ciudadanos que exigen explicaciones y la devolución de sus depósitos.
Coll describió un ambiente de elevada tensión, con protestas que han derivado en enfrentamientos con la Policía y el uso de gases lacrimógenos y balines de goma para dispersar a manifestantes.
Para atender a los afectados, el Banco Central anunció mecanismos de devolución de depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, cuya cobertura ordinaria alcanza hasta 75 salarios mínimos por depositante y entidad financiera.
Por ahora, Paraguay enfrenta una crisis que combina incertidumbre financiera, investigaciones judiciales, protestas sociales y una disputa política que amenaza con alterar el equilibrio del Gobierno de Santiago Peña.
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