El gobierno de Milei se envuelve en un escándalo de desvío de fondos públicos

Con un presupuesto cercano a los cinco billones de pesos anuales (aproximadamente 4.400 millones de dólares), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se mantiene como una de las instituciones públicas con mayor volumen de recursos en Argentina. Actualmente, el organismo está envuelto en una tormenta política y judicial tras múltiples denuncias de corrupción que involucran a funcionarios designados por la administración de Javier Milei.

En al menos cinco provincias argentinas, funcionarios del PAMI han acusado a referentes del partido oficialista, Libertad Avanza (LLA), de exigirles parte de sus sueldos para financiar actividades partidarias.

Según los testimonios, las exigencias de aportes variaban entre un 5% y un 10% del salario mensual. La Casa Rosada respondió este lunes 12 de mayo desvinculándose completamente de las acusaciones, afirmando que el Gobierno “no tiene ningún tipo de responsabilidad en estos hechos”.

Una de las denuncias más resonantes provino de la diputada Viviana Aguirre, quien relató que, tras ser designada en 2023 como directora del PAMI en La Plata, le solicitaron un “retorno” de un millón de pesos. En su denuncia judicial identificó a las personas involucradas y detalló que la práctica se extendía también a otros organismos estatales como la ANSES. En declaraciones públicas, Aguirre expresó su decepción con Milei y su discurso contra “la casta”, eje central de su campaña.

En Misiones, una decena de trabajadores del PAMI y la ANSES enviaron una carta al dirigente local de LLA, rechazando una presunta instrucción para transferir el 10% de sus ingresos a una cuenta privada. “Solicitamos la devolución del dinero ya entregado y que se abandone esta práctica”, dice la misiva, que también ha sido presentada ante la justicia. Casos similares están siendo investigados en otras provincias, entre ellas Santa Cruz, La Pampa y Chaco.

Ante el avance de las denuncias, la oposición en el Congreso ha pedido la comparecencia del director del PAMI, Esteban Leguizamón, y del ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden explicaciones sobre lo ocurrido en distintas delegaciones del país. El pedido fue encabezado por la diputada Mónica Fein, del Partido Socialista.

Pese a que las acusaciones circulan desde hace días, la primera reacción del Ejecutivo llegó recién este lunes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue tajante: “No tenemos absolutamente nada que ver”. Y añadió que cualquier esclarecimiento corresponde a la justicia, ya que desde el Gobierno no reconocen haber tenido participación o conocimiento de los hechos denunciados.

Además de estos casos, el PAMI enfrenta otra grave acusación relacionada con la presunta compra fraudulenta de pañales para adultos mediante una licitación presuntamente direccionada, por un monto cercano a los 460 millones de dólares. En respuesta, el Gobierno anunció un nuevo sistema de distribución domiciliaria de estos productos, que, según Adorni, permitirá un ahorro estatal de 5.000 millones de pesos anuales.

Las denuncias impactan especialmente debido a la función crítica que cumple el PAMI: brindar servicios de salud a jubilados y pensionados, uno de los sectores más vulnerables del país.

En medio del fuerte ajuste económico impulsado por Milei, el mal manejo de fondos destinados a este organismo sensible ha desatado una nueva crisis de credibilidad para el oficialismo.