Estados Unidos implementa ‘autodeportaciones’ para menores migrantes no acompañados bajo nueva orden de Trump

La administración del expresidente Donald Trump ha comenzado a ejecutar una directriz migratoria que busca acelerar la deportación de menores migrantes no acompañados que ingresaron a Estados Unidos sin padre, madre ni tutor legal. Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha instruido a los agentes a ofrecer a estos niños la posibilidad de abandonar voluntariamente el país.

Este nuevo protocolo representa un cambio significativo respecto al procedimiento tradicional, que exigía transferir a la mayoría de estos menores al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la agencia responsable de su resguardo y protección.

“Esta es una práctica de larga data que usaron administraciones anteriores para priorizar el regreso de los niños a la seguridad de un padre o tutor legal en su país de origen”, afirmó un portavoz del DHS.“El único cambio conforme a la Gran Hermosa Ley es expandir esta opción de regreso a casa a UAC de países adicionales más allá de México y Canadá”.

La medida aplica a menores entre 14 y 17 años, quienes ahora serán cuestionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre si desean abandonar el país por voluntad propia. En caso afirmativo, serán entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su deportación. Si ICE no los retira en un plazo de 72 horas, el menor será remitido a HHS.

La directiva ha generado alarma entre organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y expertos en migración, quienes advierten sobre el riesgo de violaciones legales y el uso de menores como herramientas políticas.

“Un niño no está en condiciones de entender las consecuencias de autodeportarse, especialmente sin la orientación de un abogado”, alertó Neha Desai, directora de Derechos Humanos de la Infancia en el National Center for Youth Law.“Los menores no acompañados están siendo usados como peones en un esfuerzo por deportar a la mayor cantidad de personas posible, sin importar el costo humano para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”.

Desde hace más de 20 años, los menores que ingresan solos al país —procedentes principalmente de Centroamérica y Sudamérica— gozan de protecciones bajo la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA), que exige evaluar si el niño ha sido víctima de tráfico o enfrenta persecución en su país de origen.

“No son competentes para tomar sus propias decisiones. Esa es la idea: que son niños. Es la premisa de la TVPRA”, aseguró un exfuncionario de Seguridad Nacional a CNN.

Expertos subrayan que, si bien la autodeportación ya se aplicaba a menores de México y Canadá por tratarse de países contiguos, la expansión a otras nacionalidades no tiene precedente y plantea serias dudas sobre su legalidad.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente de HHS, también ha introducido cambios adicionales que afectan la dinámica familiar. Nuevas directrices exigen reuniones presenciales con los patrocinadores —frecuentemente familiares— antes de entregar al menor, y permiten la participación de agencias federales en estos encuentros.

Un correo interno citado por CNN señala que estas agencias “pueden estar presentes para cumplir con sus propios objetivos, que pueden incluir entrevistar a los patrocinadores”. Esto podría disuadir a familias indocumentadas de recibir a menores por temor a ser deportadas ellas mismas, advierten defensores.

Paralelamente, se reporta una reducción de los servicios legales disponibles para estos niños, así como su inclusión en calendarios judiciales acelerados para facilitar expulsiones exprés.

“Presenciamos un desmantelamiento fundamental de las protecciones para esta población vulnerable, una población que un Congreso bipartidista buscó proteger hace años mediante una legislación federal histórica”, denunció Desai.