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- 01/08/2026 12:35
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Agrega La Estrella en Google ↗️La Fiscalía de Granada pidió cinco años de prisión para un hombre acusado de ocultar la muerte de su madre durante más de dos décadas para seguir cobrando la pensión de viudedad que ella recibía.
Según el escrito de acusación, la mujer falleció en marzo de 1996, pero su hijo no informó del deceso a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pese a que la prestación continuó depositándose en una cuenta bancaria compartida entre ambos.
La Fiscalía sostiene que el acusado siguió percibiendo los pagos hasta diciembre de 2018, lo que habría generado un perjuicio económico de 244.000 dólares, un equivalente a 210.210 euros para el sistema público de pensiones.
El caso será juzgado en la Audiencia de Granada. Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicitó una multa de 406.000 dólares, unos 350.000 euros y la prohibición de acceder a subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.
La investigación también apunta a la entidad bancaria donde se realizaban los depósitos. La Fiscalía sostiene que el banco no comunicó el fallecimiento de la titular de la cuenta a la Seguridad Social y no realizó los controles correspondientes para verificar su situación.
De acuerdo con la acusación, la entidad ya reembolsó más de 47.887 dólares, unos 41.200 euros correspondientes a pagos efectuados durante los últimos años del período investigado.
Asimismo, el Ministerio Fiscal considera al banco responsable civil subsidiario en caso de que el acusado sea condenado y no pueda afrontar la indemnización reclamada.
La acusación califica los hechos como un delito continuado de fraude de prestaciones de la Seguridad Social.
El caso pone de relieve los riesgos que enfrentan los sistemas públicos de pensiones cuando existen deficiencias en los mecanismos de verificación de fallecimientos y en el intercambio de información entre organismos públicos y entidades financieras.
Según antecedentes citados en España, las autoridades han detectado en años recientes múltiples casos de cobros indebidos de pensiones de personas fallecidas, lo que ha impulsado nuevas medidas de control y coordinación institucional para combatir este tipo de fraude.