Un Estado de Naciones: una reflexión necesaria para el futuro de la libertad

Un diagnóstico real y no suficientemente comentado en el ámbito público es la crisis de poder que atraviesan los Estados de las Américas. El Estado, como modelo de organización política base en las relaciones internacionales, no tiene el control del poder y, en consecuencia, los regímenes de administración del mismo o gobiernos no son eficientes en alcanzar sus objetivos y cumplir con el contrato social. El avance de la postverdad y la masificación de la información produjo una contingencia social que desintegró las bases del poder.

La falta de nuevos consensos y el fracaso de la relación costo/beneficio del contrato social actual en las Américas esta evolucionando las dinámicas de poder a ciclos de desgobiernos y tiranías de mayorías temporales.

El Estado, en la teoría de John Locke y su Segundo Tratado de Gobierno (1689), nació de la necesidad del individuo de proteger su vida, libertad, y el producto de su mano de obra. Es decir, el individuo entregó voluntariamente parte de sus derechos naturales para escapar de los peligros y la violencia del estado natural, y participar en una sociedad regida por reglas consensuadas y ejecutadas por un gobierno civil. La realidad americana, sin embargo, está apartada de la teoría que justifica el modelo político que pretendemos nos regula.

Según informes de la Organización Internacional del Trabajo, más de 140 millones de latinoamericanos operan en el sector informal, es decir 50% de la población que labora. La cifra no es nueva. Hemos aceptado como normal que 50% de la fuerza laboral de nuestras sociedades viva por fuera de la protección del Estado, en un estado de violencia sin reglas claras.

La informalidad, además de permitir abusos diarios a los derechos naturales y humanos de millones de personas, también exacerba la disfuncionalidad de la administración del Estado. Los gobiernos de América Latina recaudan en promedio un 22,9% del PIB en impuesto, 10% menos que en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Entre la informalidad y la ineficiencia (un ciclo vicioso), los Estados de la región pierden un aproximado de $325,000 millones en recaudación tributaria anualmente. Monto que es necesario para poder ejecutar y garantizar el estado de derecho consensuado en el contrato social a través de las leyes. Monto que, por ejemplo, hubiese disminuido el impacto económico de la pandemia en la región por un 50%.

La crisis migratoria que vive la región y la violencia transnacional descontrolada son síntomas que demuestran que el Estado no tiene el poder. En el último año más de 1,7 millón de personas transitaron sin control por el triángulo norte de Centro América para llegar a la frontera entre México y EE.UU. En Ecuador, más de 300 reos, supuestamente bajo la custodia del gobierno, fueron asesinados en 2021 a lo interno de las penitenciarias en reyertas brutales coordinadas por carteles del narcotráfico establecido en México. Para enfatizar: narcotraficantes operando libremente en México tienen mayor control de las cárceles a 4 mil kilómetros en Ecuador, que el mismo gobierno y todos sus recursos.

Y finalmente, incluso para aquellos que sí están en el sector formal, el estado de derecho o la justicia es completamente selectiva. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 4 de cada 10 personas que están presas en la región no tienen ni siquiera condena, y hasta que no reciban justicia son víctimas de la arbitrariedad... de un estado natural de violencia.

La impunidad de los líderes políticos y económicos es prueba de la prevalencia del estado natural y la violencia sobre el estado de derecho y la justicia. La anulación de la condena contra el expresidente de Brasil Luis Ignacio “Lula” Da Silva en el caso Lava Jato, y la absolución de los cargos contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli en el 'caso pinchazos' demostraron lo endeble de la justicia ante aquellos que controlan cuotas de poder evidentemente mayores a las del Estado mismo.

El contubernio de los medios de comunicación y los depredadores políticos y económicos desintegró el poder base del Estado: el estado de derecho y sus normas. Los sistemas de justicia simplemente se convirtieron en escenarios de espectáculo de los depredadores más hábiles. Al igual que en el mundo animal y el estado natural, el más apto sobrevive.

La desinformación fue la contingencia evolutiva que desarrollaron estos depredadores políticos y económicos que han generado un multiverso de realidades alimentadas por el re-sentimiento social para generar consensos pírricos disgregados. Actualmente los exmandatarios de Colombia, México, Bolivia, Ecuador y Argentina (entre otros) están siendo investigados por delitos. En Perú, por ejemplo, los últimos siete presidentes están bajo la lupa de la “justicia”. Y en Chile los legisladores avanzaron este mismo mes, durante el ciclo electoral, un juicio político express al presidente Sebastián Piñera. El resultado y objetivo no es hacer cumplir el estado de derecho, sino crear un sin fin de reality shows, donde el corrupto se viste de perseguido político y el Estado se convierte en el títere de la facción política y económica de quien capture el gobierno a través de las urnas.

El poder está tan disgregado y basado en consensos tan irreales, que es cuestión de memes y no de alarma que en EE.UU., por ejemplo, más de 30 millones de personas confiesan creer en o ser seguidores de QAnon. 15% de la población del país referencia en la región, un número equivalente a todos los protestantes evangélicos en EE.UU., cree que el poder está en manos de pedófilos adoradores de Satanás. Ahora mismo cientos de seguidores de QAnon están reunidos en Dallas, Texas, esperando la anunciada aparición del difunto expresidente estadounidense John F. Kennedy. Similarmente la retórica negacionista del cambio climático de presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil o los ridículos tweets del autoproclamado emperador de El Salvador Nayib Bukele generan furor entre sus seguidores, y no espanto o rechazo por par de la población en general.

El diagnóstico anterior no es nuevo. Está hasta trillado. La falta de un correctivo presagia una realidad que conocemos: el imperio de la violencia y el miedo, y el fin de la libertad del individuo. La falta de poder de los Estados de la región es tan abrumadora, que la comunidad de Estados democráticos no tiene mayor recurso que comunicados vacíos ante los abusos de las dictaduras de Venezuela, Cuba, y Nicaragua. En general estamos tan polarizados y producimos consensos tan débiles y transitorios que nuestros Estados, como repositorios del poder de nuestras sociedades, temen actuar en contra de tiranos que en pleno siglo XXI someten a millones de personas a la hambruna, enfermedades, y la esclavitud de conciencia. El régimen de Ortega en Nicaragua consolidó su control del país en unas elecciones fraudulentas este mes. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela repetirá la vil hazaña el 21 de noviembre. Y la verdad es que en nuestros países el hecho durará menos de una semana en el ciclo noticioso, mientras que la dictadura bolivariana ya cumple más de dos décadas.

En conclusión, al igual que en 1689 debemos repetir el ejercicio que planteó John Locke en su Segundo Tratado de Gobierno, pero a nivel internacional: debemos voluntariamente escapar el estado natural y de violencia y desgobierno en el que vivimos para proteger la vida, la libertad y el producto del trabajo del individuo. Debemos restablecer el consenso original considerando la globalización de las relaciones humanas y las nuevas dinámicas sociales.

La desinformación es la nueva punta de lanza de los depredadores políticos y económicos. Debemos, por lo tanto, como individuos reflexionar para desenmascarar colectivamente la falacia de organización política que existe y darnos cuenta de que efectivamente vivimos en un estado de violencia y desgobierno internacional. Una opción análoga y contemporánea a la reflexión de Locke es empoderar a un árbitro multilateral y evolucionar de la soberanía nacional a los verdaderos derechos humanos y un estado de derecho potenciado por un consenso transnacional. Un Estado de naciones americanas/democráticas.