Organizaciones rechazan represión y exigen respetar derechos civiles

Cada día aumentan las voces ciudadanas que reclaman el cese de la represión y exigen al Gobierno que respete los derechos humanos durante las protestas, mientras que el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional permanecen en silencio frente a los cuestionamientos respecto a su mecanismo de mitigarlas.

Lo que tiene a la población en las calles es la reforma al sistema estatal de pensiones, el memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, y la posible reapertura de la mayor mina de cobre de Centroamérica, ubicada en Panamá.

“El enfrentamiento sin puentes solo genera un deterioro en la convivencia, hacemos una llamado a la contención y a encontrar espacios de deliberación”, dijo el investigador Jon Subinas, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) a La Estrella de Panamá.

En esa misma línea, la Cámara Panameña de Desarrollo Social (Capadeso) expresó su inquietud ante lo que calificó como un “clima de polarización y creciente violencia”, destacando el impacto negativo que esto genera especialmente en las poblaciones más vulnerables.

“También nos preocupa el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en las recientes manifestaciones, en discordancia de lo que establece la Ley 62 de 2015 [que prohíbe el uso de perdigones por parte de la Fuerza Pública]. Hacemos un llamado a que se garantice el respeto a los derechos humanos y a que toda actuación estatal se rija por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, manifestó Eileen Ng Fábrega, directora ejecutiva de Capadeso.

Además, la organización ciudadana instó a los dirigentes a canalizar de forma proactiva las demandas de sus representados hacia escenarios de negociación y diálogo efectivos.

Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá defendió el derecho a manifestarse, pero insistió en que este debe ejercerse dentro de los límites legales, evitando afectaciones como el cierre de vías.

Asimismo, reiteró la necesidad de preservar el orden público, responsabilidad que recae en las autoridades, quienes deben hacerlo sin vulnerar los derechos ciudadanos.

De acuerdo con Fernando Ábrego, dirigente del gremio de educadores, se decidió crear una comisión dentro de la asociación para recopilar las evidencias de las lesiones personales y abusos que hayan sufrido las personas de las distintas comunidades indígenas afectadas.

Los educadores vislumbran a la Iglesia católica como mediadora del diálogo entre los sindicatos y el gobierno, pero destacaron que “debe haber voluntad política”.