¿Qué empresas de América Latina fueron señaladas por la ONU de beneficiarse del genocidio en Gaza?

Francesca Albanese, relatora especial para los territorios palestinos, expuso ante la ONU que diversas compañías extranjeras participan directa o indirectamente en la maquinaria económica que sostiene la ocupación y agresión en Gaza.

“Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos”, señala el documento titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio.

Cinco empresas con operaciones en América Latina y España fueron destacadas: Orbia Advance Corporation (México), Petrobras (Brasil), CAF (España), y las exportadoras de carbón Glencore (Suiza) y Drummond (EE. UU., con base en Colombia).

Israel, por su parte, calificó el informe como “infundado” y afirmó que “entrará en el basurero de la historia”.

Colombia fue en 2023 el principal proveedor de carbón a Israel, pese a que el presidente Gustavo Petro ordenó suspender estas exportaciones en junio de 2024, condicionando su reanudación al cese de los ataques en Gaza y al cumplimiento de órdenes de la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, según Albanese, Drummond y Glencore habrían continuado con los envíos. Drummond alegó tener una “autorización jurídica consolidada”, mientras Glencore rechazó “todas las acusaciones” y las calificó de “sin fundamento jurídico alguno”.

Respecto al petróleo, el informe destaca que Petrobras, en colaboración con BP y Chevron, ha suministrado crudo desde Brasil a Israel. Aunque la petrolera estatal negó ventas directas, Albanese sostiene que el flujo continúa a través de campos donde Petrobras tiene participación mayoritaria.

“Al suministrar carbón, gas, petróleo y combustible a Israel, las empresas contribuyen a la infraestructura civil que Israel utiliza para consolidar su anexión permanente y la destrucción de la vida palestina”, advierte el informe.

La mexicana Orbia Advance Corporation, a través de su subsidiaria Netafim, fue señalada por facilitar la explotación hídrica y la expansión de cultivos israelíes en Cisjordania. El informe sostiene que su tecnología “agota los recursos naturales palestinos” y desplaza a agricultores locales.

En cuanto al grupo vasco CAF, Albanese afirma que participa en la ampliación del tranvía de Jerusalén, un proyecto acusado de consolidar los asentamientos ilegales en el este de la ciudad. Amnistía Internacional ha instado a la empresa a retirarse, recordando que contribuye a “la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este”.

“CAF no puede seguir mirando para otro lado (...) Le pedimos, una vez más, que abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el gobierno de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

El gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra Francesca Albanese, a quien acusa de “antisemitismo” y “sesgo antiisraelí”. La relatora ha sido clave en visibilizar posibles crímenes de guerra y violaciones sistemáticas en Gaza desde mayo de 2022.

Amnistía Internacional calificó la medida de represalia como “un ataque descarado”.

“Los relatores especiales no son nombrados para complacer a los gobiernos (...) El mandato de Francesca Albanese es defender los derechos humanos y el derecho internacional, esenciales en un momento en que está en juego la propia supervivencia de los palestinos en la Franja de Gaza ocupada”, subrayó Agnès Callamard, secretaria general de la organización.