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Actualizado
- 23/10/2008 02:00
Creado
- 23/10/2008 02:00
PANAMÁ. A dos años de la tragedia del bus 8B-06, donde murieron calcinados 18 pasajeros, el problema del transporte público de pasajero...
PANAMÁ. A dos años de la tragedia del bus 8B-06, donde murieron calcinados 18 pasajeros, el problema del transporte público de pasajeros sigue igual.
Incendio del bus
El incendio de este vehículo, ocurrido el 23 de octubre de 2006 frente al templo Hosanna, no fue suficiente para impulsar al gobierno a mejorar significativamente el obsoleto sistema de transporte que opera en Panamá.
El tiempo no ha logrado sanar las heridas que dejó esta tragedia en los sobrevivientes y familiares de las víctimas. La enfermera Lidia Atencio, quien sufrió quemaduras en todo su cuerpo, no ha podido borrar de su mente aquellas escenas aterradoras.
Aunque ya volvió a sus labores en el Hospital Santo Tomás, no ha sido capaz de utilizar nuevamente un bus de pasajeros para movilizarse. Y lo peor, cree que su sufrimiento y el de las demás víctimas fue en vano. En su opinión, “el gobierno se mantiene indiferente” y por eso no espera mucho de él.
Luis Rodríguez, otro de los sobrevivientes, ha tratado de superar la crisis, pero también se queja de que no ha recibido apoyo del gobierno. “Tengo fe de que al final, algo sucederá”, precisó Rodríguez, con un tono un poco más optimista.
Los fallecidos
En este incendio murieron los pasajeros: Litzuri De León, Dorisela Bonilla, Roxana Charris, Agripina Sánchez de Camargo y su hija Yaneth Camargo Sánchez, Zuleika Cedeño de Escartín y sus dos hijos, Alvin y Josué Escartín, Marcela Rojas, Mayra Vega de Pinzón, Melva E. Sánchez, Noritza Tejada de Jiménez, Iván E. Castillo, Milagros Alvarado, David Enrique Ramírez, Nilka Espinosa, Rosa Rodríguez y Carlos Palma.
LA INVESTIGACIÓN
Por el caso fueron detenidos los hermanos Próspero y Ariel Ortega, conductor y dueño del bus, quienes fueron condenados a cuatro años de prisión. Los familiares de las víctimas no están de acuerdo con el fallo.
Los abogados de las víctimas, Víctor Rodríguez y Carlos Gavilánes, apelaron la decisión del Juez Cuarto Penal, Silverio Rodríguez, para que sean indagados los ex directores de la ATTT, Pablo Quintero Luna y Angelino Harris; el gerente de la empresa F. Icaza, Edgardo Carles, quien introdujo al país el “bus de la muerte”.
Los apoderados presentaron adicionalmente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema (CSJ) ocho demandas de indemnización contra la ATTT por 190 millones de dólares. Todas las demandas fueron admitidas y se encuentran en etapa de calificación.
El gobierno de Martín Torrijos no ha indemnizado a los familiares de las víctimas. Sólo les dio un paleativo. Les dio una irrisoria suma de dinero y algunos de ellos fueron nombrados en el gobierno.
La mafia del transporte
El incendio del bus 8B-06 no es la única tragedia provocada por los “diablos rojos”. Informes oficiales revelan que del 23 de octubre a la fecha, 21 ciudadanos han muerte bajo las ruedas de estos buses. La mayoría de estos casos quedaron impunes.
El 18 de noviembre de 2006 el gobierno empezó una guerra frontal contra la poderosa mafia que controla el 90% de los cupos de buses y taxis.
Según la ATTT existen 47 mil vehículos de pasajeros, 30 mil taxis y 17 mil buses a nivel nacional. De los certificados de operaciones, 38 mil fueron asignados diferentes empresas prestatarias, las cuales tienen dentro de sus juntas directivas a diputados, ex legisladores y dirigentes de partidos políticos, quienes se han convertido en la poderosa mafia que impide implementar el Transmóvil. (Ver tabla)
Con el fin de combatirla, el presidente Martín Torrijos nombró una comisión, cuya misión era endurecer el Reglamento de Tránsito y las Leyes 14 y 34 del transporte, con miras de acabar con el monopolio que mantienen los dirigentes desde hace más de 35 años.
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