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02 de Mar de 2021

Nacional

Pirámides: limbo en la regulación

PANAMÁ. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) se mantiene confiada que en el país no se repetirá la situación de violencia que ...

PANAMÁ. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) se mantiene confiada que en el país no se repetirá la situación de violencia que se suscitó en Colombia a causa del descontento de cientos de personas estafadas a través de la captación de dinero por supuestas “pirámides”. Este escándalo provocó la renuncia del Superintendente de Finanzas de ese país, César Prado.

Pero no todo está claro en Panamá. Ninguna autoridad se ha responsabilizado de la supervisión de las empresas que se dedican a estas operaciones.

El secretario general de la SBP, Hamaury Castillo, puntualiza que el “mayor riesgo es que no hay regulaciones específicas sobre este tipo de actividades ni supervisores responsables para regularlas de forma transparente”.

Castillo considera que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) debería conocer el hecho “desde el punto de vista de protección al consumidor”.

El funcionario asegura que la Superintendencia ya venía advirtiendo desde hace un tiempo atrás que el Grupo DMG, propiedad de David Murcia Guzmán, no cuenta con una licencia bancaria o fiduciaria que le permita administrar dinero del público. Esta empresa tambien se conoce como Comercializadora Virtual. El directivo llama a la reflexión y recomienda cautela a los ciudadanos cuando se les promete dinero fácil.

Todo indica que en Panamá las autoridades no están claras de cómo funciona el sistema de estas pirámides. La reciente reforma a la Ley bancaria autoriza la SBP cerrar estas empresas si se comprueba que captan fondos, pero hasta el momento se mantienen bajo investigación administrativa.

COLOMBIA ENCENDIDA

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ordenó ayer una reunión de autoridades económicas en la que se estudiarán posibles medidas especiales, entre ellas, modificar la legislación para aumentar la sanción penal por el delito de captación masiva e ilegal de recursos.

Uribe también anunció una norma que tipifique como delito la captación de dineros y castigue a quienes no los devuelvan en su totalidad a los ahorradores.

Una tercera medida es devolver los dineros recuperados de las pirámides a los ahorradores por medio de un procedimiento administrativo rápido. Las autoridades calculan que esas empresas, que prometen una rentabilidad de hasta el 300%, han logrado recaudar unos $870 millones.